Puno castiga a policías, el Congreso los blinda: la justicia peruana en dos velocidades

La misma semana, dos justicias

El 14 de julio de 2026, una jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, en Juliaca, dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos agentes de la Policía Nacional, Wimer Choque H. (23) y Stiwar Flores L. (24), investigados por tortura agravada con subsecuente muerte de José Huanchi Quispe, un joven de 24 años que terminó inconsciente sobre un colchón para perro en una comisaría, sin atención médica Diario Correo. Ese mismo día, a dos mil kilómetros de distancia, Human Rights Watch urgía al presidente José María Balcázar a vetar una ley que sacaría del Poder Judicial los delitos cometidos por policías y militares en funciones y los trasladaría al Fuero Militar Policial Human Rights Watch.

La coincidencia no es solo cronológica: es el retrato de una justicia peruana partida en dos.

En Puno, la ley funcionó como debe funcionar

Los hechos que investiga el Ministerio Público son estremecedores. El 9 de julio, los agentes ingresaron a una vivienda en Juliaca tras ser alertados de un presunto robo. Encontraron a Huanchi Quispe en estado de ebriedad. Según la tesis fiscal, emplearon violencia física para reducirlo, lo trasladaron en la tolva del patrullero donde continuaron las agresiones y, al desvanecerse en la dependencia policial, lo colocaron sobre un colchón destinado a un can en lugar de buscar atención médica. Cuando advirtieron que no tenía signos vitales, intentaron reanimarlo y lo llevaron al hospital, donde se confirmó el fallecimiento Diario Correo.

La jueza consideró que existían graves y fundados elementos de convicción y peligro de fuga, y ordenó la prisión preventiva. Un tercer agente, Bryan Cáceres Ch., recibió comparecencia con restricciones. El Poder Judicial actuó con los instrumentos que tiene. Fue una decisión excepcional, la mayoría de los casos de abuso policial no llegan a esta instancia, pero demuestra que el sistema puede funcionar cuando la evidencia es contundente y hay voluntad judicial.

En el Congreso, el blindaje avanza

Mientras el Poder Judicial hacía su trabajo en Puno, el Congreso trabajaba para que no pueda volver a hacerlo. El 23 de junio, el Pleno aprobó en segunda votación, con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones, el proyecto que modifica el Código Penal Militar Policial y traslada los «delitos de función» de la justicia ordinaria al fuero castrense Crónica Viva. La redacción es amplia: incluye cualquier acto ilícito presuntamente cometido en el ejercicio de funciones o durante estados de emergencia. Una disposición complementaria ordena archivar definitivamente los procesos en curso sin sentencia firme y anular las medidas coercitivas impuestas.

Si esta ley estuviera vigente, un caso como el de Puno podría terminar en el Fuero Militar Policial, donde jueces y fiscales tienen rango militar y son designados por el Ejecutivo. El resultado es previsible: de las 50 muertes documentadas durante las protestas de diciembre de 2022 y comienzos de 2023, a mediados de 2026 ningún policía ni militar había sido condenado Human Rights Watch.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, lo dejó claro el 8 de julio: si Balcázar no promulga la norma, «la promulgaría yo, como presidente del Congreso todavía» AP Noticias. El plazo para que el Ejecutivo observe o promulgue la autógrafa vence el 17 de julio.

El espejo de Piura: la asimetría de la justicia

Mientras en Puno dos policías van a prisión, en Piura el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia dejó en libertad con comparecencia restringida a la exfiscal Yohanny Lindau Feria, investigada por agredir a un policía durante una intervención por conducción temeraria. La medida es comparecencia con restricciones por cuatro meses, con reglas de conducta como no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial RPP. El contraste es instructivo: cuando un policía es la víctima, la exfuncionaria queda libre; cuando el policía es el victimario y la prueba es abrumadora, va preso, pero el Congreso se apura a mover el tablero para que eso no vuelva a ocurrir.

Lo que está en juego para el ciudadano

El peruano de a pie queda atrapado entre dos fuerzas que no lo protegen. Por un lado, un Poder Judicial que en ocasiones actúa con firmeza pero que el Legislativo se empeña en desautorizar. Por el otro, un Congreso que amplía el fuero militar con el argumento de proteger al policía que enfrenta al delincuente, pero que en los hechos blindaría también a quien tortura, a quien dispara por la espalda, a quien deja a un detenido morir sobre un colchón de perro.

La seguridad no se construye con impunidad. Se construye con policías formados, supervisados y, cuando corresponde, sancionados. Lo que el Congreso aprobó y Rospigliosi quiere promulgar no es una ley antidelincuencia: es una fábrica de desconfianza que le costará al ciudadano, en derechos y en seguridad, mucho más de lo que promete ahorrarle.