Colombia en espejo: lo que la amenaza militar de De la Espriella dice de la democracia peruana
El presidente electo de Colombia insiste en jurar desde una guarnición militar, desafiando la institucionalidad civil. Mientras en Perú la transición es tensa pero pacífica, el caso colombiano recuerda que la estabilidad democrática no es un derecho adquirido: se cuida o se pierde.
Por Qhawaq
La guarnición como púlpito: lo que está en juego en Colombia
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha insistido este lunes en que tomará posesión del cargo en una guarnición militar del sur del país, pese a la prohibición expresa del mandatario saliente Gustavo Petro y a lo que dicta la Constitución colombiana. El artículo 192 de esa carta magna es inequívoco: "El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso" (Constitución de Colombia, art. 192). No ante un cuartel, no ante una guarnición.
De la Espriella justifica su decisión como un "homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia" (El Comercio, 13 de julio de 2026). Sin embargo, el gesto no es neutro: traslada el centro de gravedad del poder desde la sede de la soberanía popular, el Congreso, hacia el estamento militar. La investidura es el primer acto simbólico de un mandato. Elegir los cuarteles como escenario no es un detalle protocolario: es una declaración de principios sobre quién respalda al nuevo gobierno.
Petro, aún comandante supremo, ha respondido que "los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure" (Caretas, 13 de julio de 2026). El pulso entre el saliente y el entrante revela una fractura institucional profunda, justo cuando Colombia debería estar mostrando al continente que la alternancia democrática funciona.
Los blindajes peruanos: imperio de la ley y tradición
El Perú observa este episodio desde su propia antesala de transición. Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, tras ser proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (Gestión, 3 de julio de 2026). Y lo hará, como manda el artículo 116 de la Constitución peruana, prestando juramento y asumiendo el cargo "ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección" (Constitución del Perú, art. 116). Las ceremonias de transmisión de mando de 2026 se organizan en cumplimiento de ese mandato (Andina). No hay margen para la improvisación castrense: dos siglos de tradición republicana, una constitución que subordina las Fuerzas Armadas al poder civil y una ciudadanía que ha aprendido, a golpe de crisis, a defender la institucionalidad.
Pero los blindajes no son solo jurídicos. La Carta Democrática Interamericana establece que la ruptura o alteración grave del orden constitucional constituye "un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General" de la OEA (Carta Democrática Interamericana, art. 19). Es un dique hemisférico que ningún gobierno sensato querría activar.
Lo que la calle no olvida: el fantasma del autoritarismo
La pregunta incómoda para el fujimorismo es si esos blindajes bastan. Fujimori ha prometido que cualquier cooperación con Estados Unidos, incluida la incorporación de Perú al Escudo de las Américas impulsado por Donald Trump, se hará "hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permita" (Caretas, 12 de julio de 2026). La promesa es correcta, pero el contexto la tensa: el legado de un padre que disolvió el Congreso desde un mensaje televisado en 1992, un entorno político que reivindica la mano dura como solución a la inseguridad y una administración estadounidense que no ha mostrado excesivo apego por las formas democráticas.
El espejo colombiano devuelve una advertencia nítida: las democracias no mueren por un tanque en la calle, sino por el desgaste progresivo de sus rituales civiles. Cuando un presidente electo prefiere jurar entre uniformes que entre parlamentarios, algo del contrato republicano se ha resquebrajado.
Qué significa esto para el ciudadano
Para el peruano de a pie, estas no son disquisiciones de salón. Una democracia que se militariza es una democracia donde las prioridades del presupuesto se inclinan hacia lo castrense en lugar de lo social; donde la disidencia se trata como amenaza a la seguridad nacional; donde los derechos, empezando por el de protestar o el de no ser detenido sin orden judicial, se adelgazan. La región ya ha visto ese libreto: la pregunta es si el Perú de 2026 tiene la memoria y los reflejos institucionales para no repetirlo.