El TC cierra la ventana: un nuevo equilibrio de poderes para el próximo gobierno

La sentencia que cambia las reglas

El 10 de julio de 2026, el Tribunal Constitucional hizo algo más que declarar fundada una demanda del Ejecutivo contra la Ley 31232. Al establecer un criterio interpretativo vinculante, la preeminencia del Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto, el TC no se limitó a cerrar una puerta: instaló un procedimiento de tres requisitos que ningún proyecto legislativo con impacto fiscal podrá eludir El Búho.

Toda iniciativa del Congreso que genere gasto deberá, de ahora en adelante: identificar expresamente su fuente de financiamiento, obtener un informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas antes del dictamen, y referirse prioritariamente a necesidades sociales básicas claramente identificadas El Búho. No es un derecho a veto del Ejecutivo, como precisa el Estudio Carrión, pero se aproxima a esa figura: ahora será más fácil para el Gobierno tumbar leyes por vicios de procedimiento ante el propio TC Gestión.

La votación fue de cinco contra dos. Los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez respaldaron el cambio. Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos singulares La República. Pacheco fue directa: el artículo 79 de la Constitución ya prohibía sin excepciones la iniciativa de gasto parlamentaria; el problema real es que el Ejecutivo no traduce sus políticas en presupuesto La República.

El Congreso que gastó sin preguntar

El fallo no ocurre en el vacío. Una investigación de OjoPúblico reveló que la bancada de Fuerza Popular respaldó 36 leyes con impacto fiscal durante este quinquenio. Solo 16 de esas normas suman un costo de S/110,594 millones, una cifra que triplica el presupuesto que el MEF asignó este año a educación y salud juntos La República.

Dos ejemplos bastan: el incremento de pensiones para personal militar y policial costará S/14,851 millones, y la bonificación especial por preparación de clases para maestros exigirá S/40,561 millones La República. Los 20 congresistas fujimoristas votaron a favor de ambas. Diez de ellos fueron reelegidos para el nuevo Congreso bicameral La República.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, había advertido de un «tsunami» de gastos sin financiamiento que reduciría al mínimo el margen del próximo gobierno. El crédito suplementario cercano a S/10,000 millones, casi el 1% del PBI, era para él la señal más clara del deterioro La República.

La ironía del reloj político

El giro del TC tiene una dimensión política inevitable. En octubre de 2022, con el fujimorismo como primera fuerza parlamentaria, el mismo tribunal abrió la puerta a la iniciativa de gasto legislativa mediante el expediente 00018-2021-AI/TC Gestión. Cuatro años después, con Keiko Fujimori a punto de asumir la presidencia, la cierra.

La lectura no se agota en la conveniencia política, como han señalado el exministro Pedro Francke y la congresista Ruth Luque. También es institucional: el TC se consolida como árbitro entre poderes precisamente cuando el poder ya no está concentrado en el Parlamento sino repartido entre un Ejecutivo recién elegido y un Congreso bicameral. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza, lo resume: el fallo «abre la cancha al Gobierno» para que cuestione leyes onerosas ya vigentes y empiece a recuperar la sostenibilidad fiscal Gestión.

Lo que significa para el ciudadano

La sentencia se discute en los despachos del TC y en las comisiones del Congreso, pero su impacto aterriza en la vida cotidiana. Cuando un Parlamento aprueba S/110,594 millones en gasto sin financiamiento claro, quien paga la cuenta es el ciudadano: con inflación si se imprime dinero, con recortes en otros servicios si se reasigna presupuesto, o con deuda que hipoteca los impuestos futuros.

La nueva regla no garantiza disciplina fiscal, eso depende de la voluntad del Ejecutivo para usar las herramientas que el TC le ha dado, pero sí cambia la carga de la prueba. Ahora es el Congreso el que debe demostrar de dónde saldrá el dinero, y no el MEF el que debe justificar por qué no lo tiene. En un país donde la confianza en las instituciones se mide en décimas, ese pequeño cambio de guion puede ser la diferencia entre un presupuesto que protege al ciudadano y uno que decide por él sin consultarlo.