El congelamiento del Estado: Fuerza Popular revela su desconfianza en la transición

Lo técnico como coartada: el verdadero mensaje de la solicitud

Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Fuerza Popular, pidió formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros que el gobierno de José Balcázar evalúe disponer que las entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones y de asumir "compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario". Lo presentó como "prudencia administrativa" para preservar la transparencia de la transferencia, según reveló El Comercio.

Pero llamemos a las cosas por su nombre: no es un gesto técnico. Es una declaración política. El partido que ganó las elecciones está diciendo, en voz alta y por oficio, que no confía en el gobierno que todavía ejerce el poder. Y quiere congelarlo hasta que llegue Keiko Fujimori.

Cincuenta y un cambios en un mes: el detonante

La solicitud no llegó de la nada. Dos días antes, el mismo diario había revelado que el gobierno de Balcázar realizó 51 cambios en puestos clave entre junio y julio: desde la designación del congresista Jorge Marticorena como ministro de Educación el 6 de julio hasta el nombramiento de un nuevo viceministro de Hidrocarburos. También movió piezas en los viceministerios de Trabajo, en EsSalud y en Indecopi.

Una fuente de Fuerza Popular consultada por El Comercio lo resumió sin diplomacia: "Cambios tan repentinos para 15 días más de gobierno son más que innecesarios". El temor explícito: que esos funcionarios "entorpezcan" o "cometan errores" antes del cambio de mando.

Esa es la confesión. FP no ve la transición como un traspaso ordenado entre dos administraciones legítimas, sino como un campo minado donde el saliente puede dejar trampas.

Balcázar responde: no puede congelar lo que la ley lo obliga a mantener

El presidente Balcázar le respondió directamente a El Comercio: "Si un ministro renuncia, yo no puedo dejar de nombrarlo". Y añadió: "No puedo dejar de nombrar, por supuesto. No se podría, jamás. Si dejara de hacerlo significa que el gobierno mío ya terminó". También aseguró que no hará "abuso de nombramientos" y que no ha visto ningún caso que "pueda perjudicar a la nueva administración".

La Constitución no prevé un interregno. El artículo 112 establece que el mandato presidencial dura cinco años, y el artículo 116 dispone que el nuevo presidente asume el cargo el 28 de julio. El presidente en funciones sigue siéndolo hasta ese día sin solución de continuidad, gobierne para las semanas que le restan o para un período completo. Keiko Fujimori recién recibirá sus credenciales el 15 de julio. Hasta entonces, Balcázar es el jefe de Estado con todas las atribuciones del cargo.

El problema de fondo no es jurídico, sino político: ¿51 designaciones en un mes de salida son gestión necesaria o reparto de última hora? La respuesta define cuán madura es nuestra democracia.

Lo que el ciudadano no ve, pero padece

Mientras el gobierno saliente y el entrante se miden, hay un país que espera servicios. Cada nombramiento en un viceministerio o en EsSalud significa una dirección que se reorienta, un equipo que se desarma, una política que cambia de timón. Y cada congelamiento que FP exige significa, en la práctica, que las entidades se paralicen por tres semanas.

El ciudadano no debería tener que elegir entre un Estado en movimiento sospechoso y un Estado congelado por desconfianza. Pero en esta transición, eso es exactamente lo que está ocurriendo. La factura, como siempre, la pagan los que no firman los oficios.