El hábeas corpus de Castillo: el primer round judicial que Keiko hereda antes de gobernar

El hábeas corpus que Walter Ayala presentó el 10 de julio ante el Juzgado Constitucional de Lima no es un recurso más en la carpeta de Pedro Castillo. Es el primer movimiento de una ofensiva legal que buscará deslegitimar la detención del expresidente ante la justicia nacional e internacional, justo cuando el país completa la transferencia de mando. Keiko Fujimori recibirá la banda presidencial el 28 de julio con este expediente activo, con un Grupo de Trabajo de la ONU que ya calificó la detención como arbitraria y sin una estrategia articulada de derechos humanos.

El recurso: respaldo internacional, pero sin piso en el Tribunal Constitucional

La demanda se apoya en el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que trascendió el 9 de julio y consideró arbitraria la captura del expresidente y recomendó su liberación inmediata Infobae. Ayala invoca el artículo 200, numeral 1, de la Constitución y el artículo 34 del Código Procesal Constitucional, y pide anular la Resolución del Congreso N.° 001-2022-2023-CR que declaró la vacancia por incapacidad moral el 7 de diciembre de 2022 La República. El abogado solicita que el juez se traslade físicamente al penal de Barbadillo y ordene allí mismo la excarcelación.

El problema para la defensa es que este camino ya fue recorrido sin éxito. El 31 de marzo de 2026, el Tribunal Constitucional declaró improcedente un hábeas corpus previo de Castillo (Exp. N.° 00132-2025-PHC/TC) que cuestionaba exactamente las mismas resoluciones judiciales que ahora se vuelven a impugnar. La diferencia es el informe de la ONU, pero ese documento no es vinculante para la justicia peruana.

Los plazos: la resolución puede cruzarse con el cambio de mando

El hábeas corpus es el proceso constitucional más urgente del sistema peruano. Aunque el Código Procesal Constitucional no fija un plazo expreso en días para la primera instancia, en la práctica se resuelve en pocos días. Si el juez deniega la demanda, la apelación se eleva en un día hábil y la sala superior resuelve en cinco días hábiles, según el artículo 23 del CPConst. Si el caso escala al TC, el plazo máximo para pronunciarse es de veinte días, conforme al artículo 116 del mismo código.

Esto significa que el país podría tener una decisión judicial sobre la libertad de Castillo en cuestión de días o semanas. Y cualquier resolución, favorable o adversa, será leída en clave política en plena transición.

Keiko Fujimori: hereda el caso sin brújula en derechos humanos

La presidenta electa ha declarado que un eventual indulto a Castillo solo procedería por razones estrictamente humanitarias La Razón. Es una posición que replica el libreto del indulto a su padre, Alberto Fujimori, en 2017, pero que no constituye una política de derechos humanos frente a organismos internacionales. El Grupo de Trabajo de la ONU no es un tribunal, pero sus pronunciamientos tienen peso diplomático: generan presión sobre la cooperación judicial, los tratados bilaterales y la credibilidad del Estado ante la comunidad internacional.

El presidente en funciones, José María Balcázar, ya abrió la puerta al señalar que el informe de la ONU modifica el escenario para evaluar un eventual indulto El Búho. Mientras tanto, Roberto Sánchez, exministro de Castillo, convocó movilizaciones nacionales exigiendo su liberación. Keiko recibirá el gobierno con un expediente que no puede ignorar y con una calle que ya se organiza.

Lo que significa para cualquier ciudadano

Nada de esto es una pelea de élites que transcurre en un palacio lejano. Si un Estado es percibido como rebelde al derecho internacional, se debilitan los mecanismos de cooperación judicial que permiten extraditar a criminales, perseguir el lavado de activos transfronterizo o proteger a peruanos detenidos arbitrariamente en el extranjero. Cada vez que el Perú desestima sin deliberación un pronunciamiento internacional, erosiona el mismo sistema que algún día podría amparar a un ciudadano común frente a un abuso. La pregunta no es solo si Castillo debe salir de Barbadillo: es si el nuevo gobierno tiene una idea clara de cómo proteger los derechos sin sacrificar la justicia.