ATU y el subsidio a transportistas: el primer test del nuevo gobierno en movilidad urbana

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó el 7 de julio el lineamiento operativo que permitirá ejecutar el subsidio económico a transportistas de personas y mercancías a nivel nacional, conforme al Decreto de Urgencia N.° 004-2026, según la Resolución N.° 170-2026-ATU/PE. Con esta resolución, la ATU completa el andamiaje administrativo de dos subsidios que suman casi S/78 millones y que constituyen, en los hechos, la respuesta más contundente del Estado a la crisis del transporte en lo que va del año. Pero ese mismo gesto, necesario, urgente, es también la admisión de que el modelo de movilidad urbana en la capital no se sostiene solo.

Una medida contra la asfixia

El subsidio no nace de una planificación serena. Llega después de que la extorsión al transporte dejara 93 fallecidos y 76 lesionados entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 en Lima Metropolitana y Callao La República, y tras la amenaza de un paro indefinido que los gremios suspendieron a cambio del compromiso del Ejecutivo Exitosa. Como ya contamos en este mismo sitio, la extorsión se ha convertido en un impuesto paralelo que parasita el sistema.

El paquete tiene dos componentes. El primero, creado por el DU 006-2026, destina S/44.1 millones al Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO) en Lima y Callao, con montos de S/0.50 por kilómetro para ómnibus, S/0.40 para minibuses y S/0.30 para microbuses, durante 60 días ATU. El segundo, bajo el DU 004-2026, asigna S/33.8 millones para un subsidio de S/4 por galón de diésel a transportistas de personas y mercancías en el ámbito nacional gob.pe.

Para acceder, los operadores deben tener autorización vigente, RUC activo, GPS conectado al Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM) de la ATU, SOAT o CAT vigente y certificado de inspección técnica vehicular ATU. No es dinero entregado sin condiciones: el kilometraje se valida cada 30 días y el depósito va a la cuenta bancaria del operador.

Lo que el subsidio no cura

El problema de fondo no es el precio del combustible ni siquiera la extorsión, aunque ambos quemen los márgenes de los transportistas. Es que el modelo de transporte público en Lima y Callao descansa sobre empresas frágiles, con flotas envejecidas, sin integración tarifaria y con una autoridad, la ATU, que apenas controla una fracción del sistema. El subsidio evita el colapso inmediato, pero no sustituye la reforma estructural que Lima lleva décadas postergando: corredores integrados, chatarreo ordenado, formalización real y un sistema de recaudo que rompa la guerra del centavo.

El riesgo es conocido: lo que nace como medida temporal y excepcional, así lo califica el propio decreto, tiende a perpetuarse cuando no hay alternativa. Si en 60 días las condiciones que motivaron el subsidio no han cambiado, ¿qué hace el Estado? ¿Lo renueva? ¿Lo deja caer y enfrenta un nuevo paro?

El primer test de movilidad para el nuevo gobierno

Aquí está la clave. Keiko Fujimori asumirá la presidencia en menos de tres semanas. Su gobierno recibirá un subsidio al transporte recién implementado, con un presupuesto comprometido de casi S/78 millones y una fecha de caducidad que vence antes de que termine el año. Tendrá que decidir entre tres caminos: prorrogar el subsidio y asumirlo como gasto permanente, dejarlo expirar con el costo político que eso implica, o usar la ventana de los próximos meses para presentar un plan de reforma del transporte que justifique la excepcionalidad de la medida.

No es una decisión menor. La movilidad urbana toca la vida de millones de limeños y chalacos todos los días. La pregunta no es solo cuánto gasta el Estado, sino qué compra con ese gasto.

Lo que está en juego para el ciudadano

Para el usuario del transporte público, el que toma bus o combi para ir al trabajo, a la universidad o al hospital, el subsidio es invisible. No verá una rebaja en el pasaje. Pero si el subsidio no existiera, probablemente tampoco vería el bus: simplemente no pasaría, porque el operador ya habría quebrado o se habría rendido ante los extorsionadores.

Esa es la paradoja incómoda: el Estado peruano está pagando para que el servicio sobreviva, no para que mejore. Y mientras el subsidio opere como un respirador artificial, la discusión sobre la reforma del transporte, la que verdaderamente le cambiaría la vida al ciudadano, seguirá esperando su turno en la agenda del nuevo gobierno.