Balcázar deja el indulto a Castillo en el escritorio de Keiko

La cuenta regresiva sin decisión

El presidente José Balcázar tiene 20 días antes del cambio de mando del 28 de julio, cuando Keiko Fujimori asumirá la jefatura del Estado. Consultado por El Comercio sobre si concederá el indulto a Pedro Castillo, su respuesta fue una elusión vestida de ambigüedad: "Tengo varios días para esperar si se presenta un indulto", declaró al medio El Comercio. Y añadió que, de no presentarse, "será con la nueva presidenta que se toque ese tema del expresidente".

La frase revela más de lo que calla. No hay un "no" definitivo, pero tampoco un "sí" en trámite. Hay, en cambio, una decisión política de no decidir: que sea la administración entrante la que cargue con el costo de una medida que divide al país.

Siete portazos y un expediente vacío

Hasta la fecha se han presentado siete solicitudes de indulto o gracia a favor de Castillo. Ninguna ha prosperado. La mayoría ni siquiera superó los requisitos formales mínimos. Entre las más recientes, presentadas entre mayo y junio, figura la del pastor evangélico Germán Villena Cóndor. Según información de prensa, una de esas solicitudes, la de Tomás Soldevilla, fue admitida a trámite por la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, aunque sin resolución favorable. El resto no prosperó El Comercio.

Es decir, no hay ningún pedido activo con posibilidades reales de prosperar. Balcázar lo sabe. Sin embargo, el 1 de julio recibió en Palacio de Gobierno a una delegación encabezada por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), familiares de Castillo y el exministro Iber Maraví El Comercio. Según el presidente, en esa reunión no se comprometió a nada: "Les decía qué se entiende por indulto". Los propios visitantes habrían reconocido que no tenían una solicitud que cumpliera los requisitos.

Un indulto jurídicamente improbable

La Constitución, en su artículo 118, numeral 21, otorga al presidente la facultad de conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia. Pero no es una carta blanca: el indulto común exige sentencia condenatoria firme, y la de Castillo, 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para la rebelión, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue apelada en diciembre de 2025 y aún no es definitiva. El indulto humanitario requiere enfermedad grave e incurable, que no es el caso. Y el derecho de gracia para procesados está condicionado a plazos procesales específicos IDEHPUCP.

En otras palabras: aun si Balcázar quisiera firmar el indulto mañana, tropezaría con un muro normativo. Pero el verdadero problema no es técnico: es que el presidente saliente, al dejar la puerta entreabierta con su declaración, alimenta la expectativa de que la gracia es posible y traslada la presión política al gobierno entrante.

La herencia que condiciona el 28 de julio

Lo que está en juego no es solo la libertad de un expresidente condenado. Es el tono del primer mes de gobierno de Keiko Fujimori. Si el indulto llega a su escritorio, sea por un nuevo pedido o por la reactivación de los anteriores, la presidenta electa enfrentará un dilema feroz: concederlo la alienaría de amplios sectores que consideran a Castillo responsable de un quiebre constitucional; negarlo reavivaría tensiones con la izquierda que ya impugna la legitimidad del proceso electoral.

Balcázar pudo cerrar el tema con un pronunciamiento inequívoco. Eligió no hacerlo. Y al no hacerlo, deja una herencia incómoda que condiciona la transición y demuestra, una vez más, que en el Perú los presidentes salientes no resuelven los temas sensibles: los postergan para quien venga después.

Para el ciudadano de a pie, esto significa que el ciclo político que debía cerrarse con las elecciones de abril sigue abierto. La polarización no se archiva con un cambio de mando. Y mientras los líderes políticos postengan decisiones, la ciudadanía sigue esperando un país que gobierne para el presente, no para el cálculo electoral de mañana.