Transporte público bajo fuego: cuando la extorsión se convierte en un impuesto paralelo al Estado

El lunes 6 de julio de 2026, en Carabayllo, dos sicarios en motocicleta interceptaron un bus de la línea Translima que cubría la ruta Jesús María-Carabayllo y dispararon al menos siete veces contra la cabina del conductor. Freddy Espinoza Tena, de 56 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales con impactos de bala en la cabeza y los miembros superiores, y quedó internado en el área de trauma shock. RPP Horas después, en la madrugada del 7 de julio, el conductor falleció en la unidad de cuidados intensivos del mismo hospital. RPP Los pasajeros que viajaban en la unidad vieron cómo su trayecto cotidiano se convertía en una escena de terror.

Ese mismo día, la División de Investigación de Extorsión de la PNP capturó en Comas a Joneider Javier Miranda Herrera, alias «Nero», presunto integrante de la banda «Cobos del Norte», señalado por una balacera en Collique que le costó la vida a un joven de 19 años. Se le incautó un revólver, municiones y mensajes extorsivos. RPP En Ate, la policía detuvo a una pareja que amenazaba a 35 choferes de una empresa de combis: les exigían 500 soles como «cuota de vacuna» y 10 soles diarios por unidad para permitirles circular. RPP

Tres distritos, tres operativos, un mismo patrón. Pero sería un error leerlos como noticias separadas.

Una industria que factura sobre el miedo

La extorsión al transporte público no es una ola delictiva improvisada: es una estructura económica con reglas, tarifas y competencia territorial. Según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Logística y Transporte, las mafias cobran pagos diarios de entre 15 y 20 soles por unidad, más un derecho de ingreso al sistema de cupos que oscila entre 20.000 y 50.000 soles. Empresas con flotas de 80 a 200 vehículos pueden estar pagando hasta 13 cupos distintos a bandas que se reparten la misma jurisdicción. La República

El Ministerio Público ha documentado 214 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. El saldo: 283 víctimas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron heridas. El Peruano Solo entre enero y mayo de 2026, al menos 54 conductores fueron asesinados por sicarios. En apenas cinco meses, los asesinatos ya se acercan a los más de 70 trabajadores del rubro que perdieron la vida en todo 2025.

Capturar gatilleros no es desarticular mafias

El Gobierno ha respondido con un paquete de medidas: la Ley N.° 32490 contra la extorsión y el sicariato en el transporte, El Peruano su reglamento mediante el Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, gob.pe la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días, RPP y operativos como los del lunes. Pero el propio sector advierte la insuficiencia de esta estrategia: «capturan a los gatilleros, pero no a quienes dirigen las bandas. Mientras las cabezas sigan libres, las organizaciones se reorganizan y continúan operando», ha declarado Ojeda.

El problema no es solo policial: es de inteligencia financiera y de control territorial. Una banda que sostiene 13 cupos simultáneos sobre una misma empresa no depende de un solo gatillero; depende de una red que lava dinero, que tiene informantes, que posiblemente cuenta con protección local. Si el Estado no sigue la ruta del dinero ni investiga la connivencia de funcionarios municipales o policiales que permiten que estas estructuras operen impunemente durante años, cada «Nero» capturado será reemplazado en días.

Lo que el pasajero paga sin saberlo

El costo de la extorsión no lo absorbe la empresa de transporte: se traslada. Se traslada al pasaje que sube, al mantenimiento que se reduce, al conductor que renuncia. Cerca del 35% de los conductores profesionales han abandonado la actividad por temor a ser asesinados. La República El resultado es un servicio más caro, más precario y con menos trabajadores dispuestos a subirse al volante.

Para el ciudadano que toma el bus cada mañana, la extorsión es un impuesto paralelo que no figura en ninguna boleta pero que se paga con cada pasaje, con cada ruta que desaparece y con la sensación de que subir al transporte público es un acto de fe. Ese impuesto lo cobran bandas que el Estado no logra descabezar, y lo pagan, en última instancia, los millones de limeños que no tienen otra forma de moverse por la ciudad.