El costo de la salud en el limbo: la compra de EsSalud que la Fiscalía investiga

La cifra que delata: de S/6.5 millones a S/1,800 millones

La aritmética de este caso es difícil de justificar. EsSalud identificó el desabastecimiento de 10 medicamentos oncológicos críticos, entre ellos carboplatino, paclitaxel, metotrexato e ifosfamida, cuya compra urgente requería S/6.5 millones. Pero el proyecto de decreto de urgencia que llegó a la Gerencia General el 28 de mayo ya no contenía solo esos 10 fármacos: incluía 340 productos con stock bajo y otros 409 que aún tenían abastecimiento para más de dos meses. El monto se había inflado a casi S/1,800 millones. No es un error de cálculo: es la marca de un sistema que convierte cada urgencia en una oportunidad de negocio.

El decreto que fulminó a quienes se resistieron

El proyecto de decreto de urgencia buscaba sortear la licitación pública y contratar directamente, una modalidad excepcional permitida solo ante un desabastecimiento crítico. Pero cuando el entonces gerente general, Mariano Cuentas, se negó a firmarlo, fue removido ese mismo día. Su reemplazo sí suscribió el documento. La velocidad con la que se sacrificó a un funcionario que dijo «no» dice más que cualquier informe de contraloría: en EsSalud, la obediencia se premia y la integridad se despide.

Dos días después, el 30 de mayo, la Fiscalía allanó la sede central del Seguro Social en Jesús María. Poco después renunciaron el presidente ejecutivo, Luis Rosales, y Aurelio Orellana, señalado como uno de los impulsores de la iniciativa. La Contraloría, por su parte, intervino en junio para investigar compras directas y fragmentadas de productos farmacéuticos. El cerco institucional se cierra, pero a destiempo: el daño ya está hecho.

Lo que la transición no quiere mirar

Este episodio no ocurre en el vacío. Sucede a pocas semanas del cambio de gobierno, en ese intervalo donde el Ejecutivo saliente gasta sin la presión de rendir cuentas y el entrante aún no tiene las llaves. Es la zona gris de la administración pública peruana, donde los controles se relajan y las decisiones millonarias se toman con la urgencia como coartada.

El Congreso que se despide tampoco sale limpio: el aparato estatal siguió funcionando como una red de lealtades antes que como un servicio público. La investigación fiscal, con un plazo inicial de ocho meses por presuntos delitos contra la administración pública, apenas comienza, pero el patrón es conocido: el Estado como botín, la salud como excusa.

Quien paga la factura no está en el directorio

Mientras el decreto se inflaba, los pacientes seguían sin sus medicamentos. Jimena Gonzales, de 28 años, paciente oncológica del Hospital Almenara, tuvo que comprar por su cuenta varias ampollas de ifosfamida para continuar su quimioterapia. Su caso no es aislado: en los hospitales Sabogal y Rebagliati, medicamentos como metotrexato y carboplatino llevan meses desabastecidos.

Para un asegurado, la corrupción en EsSalud no es una noticia de portada: es la quimioterapia que no llega, el frasco que hay que pagar con ahorros que no existen, la fila que no conduce a nada. La cifra de S/1,800 millones es abstracta hasta que se traduce en la ifosfamida que una joven de 28 años tuvo que costearse sola. Ese es el costo real de la salud en el limbo: no el que investiga la Fiscalía, sino el que pagan, en silencio y en soles, los millones de peruanos que dependen del Seguro Social para seguir vivos.