El plan de Keiko promete, pero la caja fiscal no da para tanto

El plan de gobierno de Keiko Fujimori para el quinquenio 2026-2031 tiene un problema que no está en sus páginas: la aritmética. Cuatro megapenales, tres mil colegios nuevos, una reforma del sistema de justicia, un comando unificado contra el crimen organizado y un "shock" desregulatorio para acelerar inversiones conforman una lista de promesas ambiciosas que, sin embargo, no vienen acompañadas de una sola línea que explique cómo se pagarán. En un país cuyo déficit fiscal acumula tres años consecutivos de incumplimiento y se encamina al cuarto, esa omisión no es un detalle: es el centro del debate.

Las promesas tienen precio, y es alto

Pongamos cifras a lo que sí se puede medir. Un megapenal como el proyectado para Ica, con capacidad para 3,168 internos, tiene un costo estimado superior a los S/600 millones MINJUSDH. El plan de Fuerza Popular propone construir cuatro, lo que podría representar una inversión cercana a los S/2,400 millones solo en infraestructura penitenciaria. A modo de referencia, el gobierno actual anunció la búsqueda de US$1,500 millones en financiamiento externo para tres megapenales, US$500 millones del BID y US$1,000 millones adicionales de otros organismos bilaterales, Ojo.

En educación, el plan promete tres mil colegios nuevos. Las Escuelas Bicentenario, el estándar más alto de infraestructura educativa en el país, suman más de S/5,900 millones por 75 colegios, alrededor de S/79 millones cada una (Minedu). Incluso si se construyeran colegios de menor costo, digamos S/12 millones por unidad, tres mil planteles implicarían S/36,000 millones, equivalentes a casi dos presupuestos anuales completos del sector educación, que en 2025 fue de S/20,585 millones Minedu.

La caja fiscal no da para tanto

El presupuesto público para 2026 asciende a S/257,562 millones (El Peruano), apenas por encima del de 2025. Es un presupuesto contenido, diseñado por el MEF precisamente porque las cuentas fiscales están tensionadas.

El déficit fiscal, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recibe, alcanzó 2.7% del PBI en 2023 y escaló a 3.5% en 2024, muy por encima del límite legal de 2.8% La República. Para 2025, el Banco Central proyecta un cierre de 2.4%, y para 2026 estima 2.1%, todavía lejos de la meta del MEF de 1.8%. El Instituto Peruano de Economía es aún más pesimista: ve un déficit de 3.1% para 2026, lo que configuraría cuatro años consecutivos de ruptura de las reglas fiscales La República.

El plan de gobierno que analizó El Comercio detalla qué se quiere hacer, pero, según el análisis de expertos citados por ese medio, no especifica cuánto cuesta ni de dónde saldrán los recursos El Comercio. En un contexto donde el gasto público en remuneraciones creció casi 50% entre 2023 y 2026 y donde persisten riesgos como un eventual rescate financiero a Petroperú, toda nueva promesa de inversión debería responder una pregunta elemental: ¿con qué dinero?

Lo que significa para el ciudadano

Cuando un plan de gobierno omite el financiamiento, quien termina pagando la factura no es el papel. La historia peruana reciente es clara: los desequilibrios fiscales se ajustan con recortes de inversión pública, con inflación que licúa el poder adquisitivo, o con deuda que pagarán las próximas generaciones. La calma cambiaria actual puede ser engañosa: en el Perú, la estabilidad del tipo de cambio nunca ha sobrevivido a una expansión del gasto sin respaldo.

El ciudadano que escucha "tres mil colegios" y "megapenales" merece saber no solo qué se construirá, sino qué se dejará de hacer para pagarlo. Por ahora, esa respuesta no está en el plan. Y sin ella, las promesas son solo ladrillos en el aire.