El archivo del Gasoducto Sur: el Poder Judicial como escudo de los poderosos

El archivo que llega puntual

El sábado 4 de julio de 2026, mientras el país digería los resultados de la segunda vuelta electoral, el juez Leodan Cristóbal Ayala archivó el delito de asociación ilícita que la Fiscalía imputaba al expresidente Ollanta Humala, a su esposa Nadine Heredia y a cuatro exministros, Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, en el caso Gasoducto Sur Peruano. El argumento: una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Castilla desde septiembre de 2025, basada en la "atipicidad relativa por ausencia del elemento normativo 'delito fin sancionado con pena privativa de libertad mayor a 6 años'". En concreto: un tecnicismo bastó para tumbar uno de los delitos más graves del caso. El mensaje ya está emitido.

Dos velocidades, un mismo fin de semana

Lo que convierte este archivo en un síntoma y no en un accidente es lo que ocurría al mismo tiempo en el Congreso. El viernes 3 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Lady Camones (APP), admitió una nueva denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por el presunto uso irregular de un vehículo oficial, con 11 votos a favor y 1 en contra. Apenas tres días antes, el 30 de junio, esa misma SAC había archivado la denuncia constitucional contra la exfiscal Patricia Benavides por presunto intercambio de favores con el entonces congresista José María Balcázar. No es un caso aislado: Benavides ha sido liberada de forma reiterada por el actual Congreso, incluido el caso Valkiria, que involucraba videos y declaraciones de colaboradores eficaces sobre una presunta organización criminal incrustada en la cúpula del Ministerio Público.

El patrón: proteger a los propios, perseguir al fiscal incómodo

No es casualidad. Es un patrón. Cuando el Poder Judicial archiva la asociación ilícita de un expresidente por un tecnicismo y el Congreso blinda a una exfiscal de la Nación mientras acorrala a quien la investigó, las instituciones no están fallando por incompetencia: están funcionando como un sistema de lealtades cruzadas que distingue perfectamente a quién proteger y a quién castigar. La justicia peruana no es ciega: reconoce rostros. Basta contrastar la celeridad con que se archivó este extremo del caso (la solicitud data de septiembre de 2025) con la velocidad con que el sistema procesa a fiscales y jueces que investigan a los poderosos. La vara no es la ley: es el poder de quien se sienta en el banquillo.

Lo que esto significa para el ciudadano

Cada vez que un expresidente esquiva un delito grave por un tecnicismo, no solo se erosiona la fe en la justicia: se encarece el costo de ser ciudadano en el Perú. El mensaje es nítido y llega a todos los rincones: hay dos Perú. Uno donde los poderosos encuentran en jueces y congresistas un escudo institucional, y otro donde el ciudadano común enfrenta procesos penales sin recursos, sin padrinazgos y sin la posibilidad de que un tribunal revise si el delito que se le imputa tiene el "elemento normativo" correcto. La impunidad de arriba se paga con la indefensión de abajo: lo único que fluye sin obstáculos es la certeza de que aquí la justicia tiene precio, y no todos pueden pagarla.