Pedro Castillo como moneda de cambio: la condición de Sánchez que expone los límites de la transición

El mismo viernes en que el Jurado Nacional de Elecciones proclamaba a Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031 RPP, Roberto Sánchez aterrizaba en el Aeropuerto Jorge Chávez procedente de Juliaca y ponía sus cartas sobre la mesa: no habrá diálogo con el nuevo gobierno sin la libertad de Pedro Castillo. Lo dijo con todas sus letras ante RPP: «cuando esos estándares se pongan adelante estaremos dispuestos a dialogar siempre» RPP. La condición venía acompañada de otras dos exigencias, derogar las llamadas leyes procrimen e investigar las muertes durante las protestas del sur, pero fue la mención de Castillo la que copó los titulares.

La libertad del expresidente no es solo una bandera política: es el precio simbólico de cualquier reconciliación nacional

Pedro Castillo está privado de libertad desde diciembre de 2022, cuando fue detenido tras su fallido intento de disolver el Congreso Caretas. Sobre él pesan dos procesos: uno por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre, por el que ya fue sentenciado en primera instancia a once años de prisión por conspiración para la rebelión, y otro por presunta organización criminal enquistada en los ministerios de Transportes y Vivienda durante su gobierno La República. El 27 de marzo de 2026, el juez Edhin Campos Barrenezuela amplió la prisión preventiva de este segundo caso por doce meses más, hasta marzo de 2027 RPP. La Fiscalía, por su parte, ha pedido 34 años de prisión por el intento de disolver el Congreso Caretas.

En febrero de este año, Castillo solicitó formalmente el indulto al entonces presidente José María Balcázar, quien lo descartó de inmediato La República. La vía del indulto enfrenta además un obstáculo jurídico: la condena de primera instancia, once años por conspiración para la rebelión, no está firme, pues se encuentra en apelación. El indulto, facultad discrecional del presidente prevista en el artículo 118 de la Constitución, se ha reservado tradicionalmente para sentencias definitivas La República.

La paradoja del rehén: Castillo está preso, pero su sombra define la agenda poselectoral

Lo que Sánchez verbalizó en el aeropuerto no es una ocurrencia aislada. Castillo fue inscrito como número uno en la lista de Juntos por el Perú para el Senado Caretas, en un gesto que convierte su candidatura en un plebiscito sobre su situación jurídica. La libertad de Castillo no es un capricho de Sánchez: es una demanda que tiene respaldo en las urnas, concentrado sobre todo en el sur del país.

Aquí está el núcleo del problema. Mientras Castillo permanezca en el penal de Barbadillo, una porción significativa del electorado, la misma que protestó masivamente entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 RPP, interpretará cualquier gobierno de unidad como una puesta en escena. La presidenta electa puede convocar a los profesionales más capacitados, como prometió en su discurso de proclamación: «Vamos a tener un gobierno abierto, en el que convocaremos a las personas con mayor experiencia y mayor capacidad, sin importar el color político» Caretas. Pero si no ofrece una salida al caso Castillo, el diálogo nacerá cojo.

El ciudadano no necesita un pacto de élites: necesita que las heridas dejen de supurar

Lo que está en juego no es si Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se reúnen o no. Lo que está en juego es si el nuevo gobierno puede gobernar en Ayacucho, en Puno, en Cusco, sin que cada decisión sea recibida como una imposición desde Lima. La fractura territorial que el Perú arrastra desde 2022 no la cerrará un gabinete de unidad: la cerrará una solución al caso Castillo que sea jurídicamente sólida y políticamente legible. Sin eso, el diálogo será una foto y la gobernabilidad, un espejismo.