Las Fuerzas Armadas en el perímetro de las cárceles

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, planteó que las Fuerzas Armadas asuman el control perimétrico de los penales del país, una medida que el Ejecutivo pretende sacar adelante dentro de un paquete de facultades legislativas, según informó Correo el 15 de agosto. La idea es que los militares vigilen el anillo exterior de las cárceles para impedir el ingreso de objetos prohibidos y reducir la presencia de antenas que, según el ministerio, usan las organizaciones criminales que operan desde dentro. Es un cambio de fondo en quién custodia el sistema penitenciario, y conviene mirarlo por partes antes de tomar posición.

El problema que se busca resolver

El punto de partida es una crisis medible. De las 69 cárceles del país, 52 están sobrepobladas y solo 17 se mantienen dentro de su capacidad, de acuerdo con datos del INPE recogidos por La República en junio. La población penal intramuros supera los 105,000 internos frente a una capacidad de albergue cercana a 42,000, un exceso de 63,392 personas que equivale a un 152% por encima de lo que el sistema puede alojar. Penales como Sarita Colonia, en el Callao, o Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, superan el 400% de sobrepoblación. El Tribunal Constitucional ya declaró un "estado de cosas inconstitucional" por el hacinamiento, una fórmula que obliga al Estado a actuar de forma sostenida.

Sobre ese hacinamiento se monta un problema de control. Álvarez sostiene que la prioridad no es todavía la resocialización sino recuperar el orden interno, y ha dicho que "para resocializar, lo primero es generar orden; sin orden en un penal, simplemente no hay autoridad", según Caretas. En esa misma línea propuso convocar a reservistas y oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas para reforzar la custodia, y atribuyó parte de la debilidad actual del INPE a los efectos de la crisis política sobre las instituciones.

Qué cambiaría institucionalmente

La propuesta no plantea que los militares entren a los pabellones. El reparto que describe el Gobierno mantiene a las Fuerzas Armadas en la custodia externa y el control de accesos, mientras la Policía Nacional seguiría a cargo de las requisas e intervenciones dentro de los penales. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, precisó que ese rol no sería simbólico. "No van a tener un rol, digamos, decorativo o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada", declaró a Gestión el 16 de agosto. Según su descripción, los contingentes militares supervisarían el ingreso de todo material, incluido el del propio personal del INPE, y operarían equipos de escaneo, detectores de metales, bloqueo de señal celular y drones de vigilancia.

Meter a las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario no es un ajuste administrativo menor. Las cárceles dependen del INPE, un organismo civil adscrito al Ministerio de Justicia, y la custodia ha sido históricamente una tarea de personal penitenciario y policial. Trasladar aunque sea el perímetro a manos militares redefine quién responde por lo que pasa en la puerta de un penal y bajo qué reglas.

Los precedentes que abre

Ahí aparecen las preguntas que este tipo de medidas suele arrastrar. Emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna requiere en el Perú un marco excepcional, normalmente atado a estados de emergencia, y su uso continuado en funciones civiles ha sido objeto de reparos por los organismos de derechos humanos en otros frentes, como la protesta social. La propuesta tampoco viene con cifras públicas de cuántos efectivos se destinarían, por cuánto tiempo ni con qué costo, y depende de que el Congreso conceda las facultades legislativas que el Ejecutivo aún no presenta en forma. Son datos que faltan para dimensionar el alcance real de la medida.

Para el ciudadano, el asunto no es abstracto. Una parte importante de la extorsión, el sicariato y las estafas que golpean a los barrios se coordina por teléfono desde adentro de las cárceles, y ese es justamente el flujo que el Gobierno dice querer cortar en el perímetro. Si la medida funciona, debería notarse en menos celulares operando desde los penales y menos llamadas de extorsión. Si termina siendo un despliegue militar sin reglas claras ni resultados verificables, habrá cambiado quién vigila la puerta sin resolver el hacinamiento ni la violencia que se cocina detrás de ella. La diferencia entre una cosa y la otra estará en la letra de la ley que aún no se conoce.