La presidenta ante los jueces: coordinar no es presionar

Coordinar es legítimo; condicionar no lo es

La presidenta puede reunirse con la judicatura para enfrentar la criminalidad, pero esa coordinación no se puede leer aislada de las presiones que hoy denuncian los propios jueces.

Keiko Fujimori recibió el sábado 15 de agosto en Palacio de Gobierno a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, junto al premier y los ministros de Defensa, Interior y Justicia, para coordinar acciones contra la criminalidad organizada (La República). En abstracto, la cita es correcta: combatir el crimen exige articular a la Policía, la Fiscalía y los jueces, y la propia Tello saludó el respaldo del Ejecutivo a las unidades de flagrancia y a la justicia especializada en violencia contra las mujeres (TVPerú).

El problema es el contexto. El 11 de agosto, el senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi pidió a la Junta Nacional de Justicia la destitución de tres magistrados que el 10 de julio condenaron a 15 años de prisión a cuatro policías por la masacre de Castro Castro, por inaplicar la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad y la ley de amnistía (La República). Ese mismo día, los presidentes de las Cortes Superiores advirtieron de un amedrentamiento y recordaron que ninguna autoridad puede interferir en la función de juzgar (La República). Once días antes, el 4 de agosto, la propia Tello le había pedido a Fujimori ser consecuente con su juramento de respeto a la independencia judicial (La República). La reunión del sábado llega, entonces, con la pregunta cargada: ¿coordinación o presión?

Sin acuerdos públicos, la coordinación queda a merced de la interpretación

Mientras no se difundan acuerdos medibles ni un protocolo público, la colaboración entre poderes puede confundirse con la interferencia.

Hasta el cierre de esta edición no se ha difundido un protocolo por escrito ni un listado de acuerdos medibles; solo se conocen declaraciones generales sobre flagrancia, justicia itinerante y trabajo conjunto (TVPerú). Tampoco es la primera cita: el 8 de agosto Fujimori se reunió con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, con el mismo mensaje de articular para que los delincuentes vayan a prisión (Exitosa). Nada de eso es ilegal, pero la coordinación sin parámetros públicos es la que termina confundiéndose con presión cuando, en paralelo, un senador del oficialismo denuncia disciplinariamente a jueces por el contenido de sus fallos. La frontera entre la colaboración entre poderes y la interferencia sobre la independencia judicial no puede depender de buenas intenciones: necesita reglas escritas.

Lo que está en juego para el ciudadano

El ciudadano necesita jueces que encarcelen al criminal y, a la vez, le garanticen que el poder no lo aplasta; ambas cosas dependen de la misma independencia.

Para el ciudadano esta discusión no es abstracta. Entre el 28 de julio y el 10 de agosto el Sinadef registró 83 homicidios, 63 de ellos por arma de fuego (La República), y la presidenta pidió paciencia porque no se pueden dar resultados en quince días (La República). La urgencia es real: un 60% de peruanos cree que Fujimori reducirá la delincuencia, según la encuesta de Datum difundida por EFE. Pero la seguridad no se mide solo en capturas: se mide en que un inocente no sea condenado, en que una víctima de extorsión o de violencia familiar encuentre un tribunal que falle sin que nadie lo llame por teléfono, en que un caso no se archive por miedo del juez. Un Poder Judicial que cede a la presión no protege a nadie; uno que coordina con reglas claras protege a todos. La presidenta cuenta con 60% de aprobación, según la misma encuesta de Datum (EFE): es el momento de fijar por escrito, y en público, dónde termina la coordinación y dónde empieza la interferencia. De eso depende que la promesa de seguridad no se convierta en la erosión del único árbitro imparcial que le queda al ciudadano.