La criminalidad en Lima no espera: cómo los asesinatos en Ate y SJL marcan la agenda de seguridad del nuevo gobierno

El jueves 2 de julio, Laura Huere Guerra, de 31 años, fue asesinada con un arma blanca a pocos metros de su casa en Ate mientras regresaba de entregar una computadora. Sus pertenencias quedaron intactas; no fue un robo. Caretas. Al día siguiente, la Policía capturó en San Juan de Lurigancho a dos presuntos extorsionadores que venían amenazando de muerte a un empresario textil y atacando su propiedad desde mayo. RPP. Dos hechos, dos distritos, un mismo mensaje: la delincuencia no hace pausa política.

Mientras el país seguía a la espera de la proclamación oficial del JNE, la violencia cotidiana siguió su curso. Y eso es precisamente lo que el nuevo gobierno necesita tener en la mira desde el primer día.

Una tendencia que no cede: las cifras detrás de los titulares

Los homicidios en el Perú alcanzaron una tasa de 10.7 por cada 100,000 habitantes en 2025, según cifras preliminares del INEI, frente a 8.6 en 2021 (La Razón). Es un incremento sostenido que coloca al país por encima del umbral crítico de seguridad. Las denuncias por extorsión, mientras tanto, pasaron de 22,361 en 2024 a 26,585 en 2025: un salto de casi 19% en un solo año. La Razón.

En cuanto a violencia de género, el Perú cerró 2025 con 133 feminicidios, casi 11 mujeres asesinadas cada mes. La República. La Defensoría del Pueblo ya había advertido un incremento del 11.4% en el primer semestre de ese año respecto al mismo periodo de 2024, con 78 casos reportados hasta junio. Defensoría del Pueblo. El caso de Laura Huere en Ate no es una anomalía: es la continuidad de una violencia que las cifras oficiales llevan años documentando.

Las promesas y la realidad: ¿alcanza con mega penales e inteligencia artificial?

El plan de gobierno de Fuerza Popular propone la construcción de cuatro penales y un megapenal para reos de alta peligrosidad, inspirado en el CECOT de El Salvador, y solicitar facultades especiales al Congreso desde el primer día de gobierno para medidas urgentes en seguridad. La Razón.

El plan es ambicioso. Sin embargo, la realidad inmediata lo pone a prueba: la Policía Nacional investiga el asesinato de Laura Huere sin tener aún identificado al agresor, dependiendo de que vecinos y comerciantes entreguen voluntariamente sus grabaciones de videovigilancia. En paralelo, la Fiscalía lidia con una carga procesal que no da tregua, mientras el crimen organizado ajusta sus métodos con más agilidad que las instituciones encargadas de contenerlo.

El problema no es solo de recursos, sino de capacidad de respuesta diaria. Un megapenal toma años en construirse; una comisaría sin logística adecuada pierde casos hoy.

Lo que está en juego para el ciudadano de a pie

Para el ciudadano que hoy sale a trabajar en Ate, que cruza la avenida 26 de Mayo donde mataron a Laura, o que maneja un taller textil en San Juan de Lurigancho bajo amenaza de extorsión, la seguridad no es un indicador estadístico: es si vuelve a casa por la noche. La promesa de "mano dura" se mide en la capacidad de evitar que una mujer sea asesinada a metros de su puerta, y en que un empresario no tenga que pagar cupos para que su negocio sobreviva.

El nuevo gobierno tiene un mandato claro en seguridad. Pero la transición no es una pausa. Cada día sin una estrategia operativa, no solo discursiva, es un día en el que la violencia sigue cobrando factura. La pregunta no es si Keiko Fujimori cumplirá sus promesas de infraestructura penal en cinco años, sino qué va a hacer la próxima semana.