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6 jul 20263 min de lectura#opinion#mineria#ambiente#fuerzas-del-orden#impunidad

La minería ilegal en la Amazonía: la destrucción de dragas en Pachitea no es una victoria, es un síntoma

Apenas dos días después de nuestra nota sobre el "Estado esquizofrénico", la Marina, la PNP y la Fiscalía destruyeron nueve dragas en el río Pachitea. La acción confirma un patrón: el Estado golpea objetos pero no a los responsables ni a las causas.

Por Qhawaq

Portada: La minería ilegal en la Amazonía: la destrucción de dragas en Pachitea no es una victoria, es un síntoma

El 3 de julio de 2026, un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y el Ministerio Público destruyó nueve balsas dragas en el río Pachitea, en los centros poblados de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros, distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, Huánuco (Correo, 4 jul 2026).

El operativo es real, documentado y ejecutado conforme a ley. Pero es también la confirmación de un patrón que este mismo medio denunció hace apenas dos días: el Estado peruano destruye maquinaria minera ilegal con una mano mientras con la otra mantiene vivo un proyecto legislativo que obliga a los concesionarios formales a ceder sus derechos a mineros informales (El Estado esquizofrénico, 3 jul 2026).

La destrucción como rutina: los números de una guerra sin estrategia

La intervención de Pachitea no es una excepción, sino un engranaje más de una política puramente reactiva. En los dos primeros meses de 2026, el Gobierno ejecutó 243 operativos contra la minería ilegal a nivel nacional y destruyó bienes por aproximadamente S/ 386 millones (PCM, 16 mar 2026). Entre enero y el 15 de diciembre de 2025, fueron más de 1,000 intervenciones con bienes destruidos por más de S/ 3,800 millones (Minart, 19 dic 2025). Solo en Huánuco se registraron 61 operativos en 2025 (Minart, 19 dic 2025) y 17 más en los dos primeros meses de 2026 (PCM, 16 mar 2026).

El Gobierno exhibe estas cifras como prueba de eficacia, pero, contadas así, revelan lo contrario de lo que se busca demostrar: si después de más de mil intervenciones en un año, con bienes destruidos por miles de millones de soles, las dragas siguen apareciendo en los mismos ríos, el problema no está en la capacidad operativa de la Marina o la Policía. Está en la ausencia de una estrategia que ataque lo que ocurre antes y después del operativo.

Sin responsables, sin prevención: el eslabón que falta en cada intervención

La nota de Correo sobre Pachitea no reporta ni un solo detenido. No es un descuido periodístico: es el reflejo de un sistema de interdicción que golpea objetos pero no toca a las personas que los operan. Las dragas se destruyen; los mineros ilegales huyen. El mismo 3 de julio, en otro punto del río Pachitea, el sector Sungarillo, en el distrito de Puerto Inca, otras cuatro personas escaparon al notar la presencia policial, también sin que se reportaran detenidos (Ahora, 3 jul 2026).

La destrucción de bienes, por sí sola, no desarticula la economía ilegal. Las dragas se reemplazan en semanas. El oro extraído ilegalmente ya circula en el mercado. Y los financistas, los verdaderos dueños del negocio, permanecen intocados. Mientras tanto, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental lograron 812 sentencias condenatorias entre enero y noviembre de 2025 por delitos ambientales de todo tipo (Andina, 2025). Es una cifra considerable, pero diluida entre minería ilegal, tala, tráfico de fauna y pesca ilegal. Sin un dato desagregado que permita saber cuántas de esas condenas alcanzaron a los financistas y no solo a los operarios, el número sirve más para los titulares que para medir la eficacia real de la persecución penal.

Lo que esto significa para el ciudadano

Para el poblador de Puerto Inca o Yuyapichis, cada draga que opera en el Pachitea significa mercurio vertido al río del que bebe y pesca. Para el pequeño minero formal de Huánuco, que sí paga sus derechos y cumple la ley, significa competir contra quien no asume ningún costo regulatorio. Para el ciudadano que nunca pisa la Amazonía, significa que el Estado que financia con sus impuestos es el mismo que destruye dragas un día y al siguiente debate leyes que facilitan la vida al informal.

La pregunta no es si el operativo de Pachitea fue correcto. Lo fue. La pregunta es por qué el Estado peruano gasta millones en destruir lo que sus propias leyes, o los proyectos que impulsan sus congresistas, se niegan a prevenir. Mientras la respuesta siga siendo la destrucción después del daño, cada draga incendiada será una victoria pírrica.

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