El último empujón fiscal de Balcázar: la Contraloría frena un crédito suplementario sin sustento

La transición no es un cheque en blanco

A menos de cuatro semanas de entregar el poder, el gobierno de José María Balcázar impulsa un crédito suplementario por S/ 9,596 millones, el más grande del que se tenga registro. La Comisión de Presupuesto del Congreso ya lo aprobó y el dictamen espera su paso por el Pleno (Caretas). Pero la Contraloría General de la República interpuso un reparo: el proyecto no sustenta cómo afectará la sostenibilidad de las cuentas públicas (Gestión). No es un tecnicismo. Es la evidencia de que una administración saliente intenta dejar su huella de gasto sin rendir cuentas plenas, y de que la siguiente heredará las consecuencias.

Lo que la Contraloría encontró y lo que el MEF no explica

En su Informe de Orientación de Oficio N.° 041-2026-OCI, la Contraloría detectó que el Ministerio de Economía detalla el origen y el destino de los recursos, pero no explica cómo este gasto adicional impactará las finanzas públicas ni lo vincula con los riesgos macrofiscales que el propio MEF ya había identificado. Le dio cinco días hábiles para presentar medidas correctivas (Gestión).

Del monto total, unos S/ 4,160 millones corresponden a créditos suplementarios y S/ 5,436 millones provienen de recursos determinados, como el canon (Caretas). Los fondos se destinarían a aumentos salariales en Educación, bonificaciones, proyectos de inversión regional, unos S/ 200 millones para obras de prevención ante el Fenómeno El Niño y un monto para los Juegos Panamericanos Lima 2027. Es una cifra que supera la mitad de todo el presupuesto anual del sector Salud. La pregunta que el MEF no contesta es si los ingresos proyectados alcanzan para sostener ese nivel de gasto hasta diciembre.

Las cuentas que ya venían descalabradas

La advertencia no cae en el vacío. El Perú arrastra un historial de incumplimiento de sus reglas fiscales: el déficit superó el tope tanto en 2023 como en 2024, y el gasto no financiero creció muy por encima de su límite (Gestión). El Consejo Fiscal viene alertando, comunicado tras comunicado, que el Congreso compromete la sostenibilidad de las cuentas con una seguidilla de leyes que elevan el gasto permanente (Andina). El crédito suplementario, aprobado a las apuradas en la recta final del mandato, se suma a esa pila.

El economista Enzo Defilippi lo resumió sin eufemismos: este gobierno se va el 28 y pide el crédito suplementario más grande de la historia, uno que probablemente no cierre cuentas para 2026 (Gestión). El problema es que el reloj institucional corre más rápido que el fiscal: el Congreso saliente puede aprobar el proyecto antes de irse, y la Contraloría solo puede advertir, no vetar.

Lo que significa para quien paga impuestos y recibe servicios

Cada sol de este crédito suplementario sale del mismo bolsillo que financia los hospitales, las comisarías y las pensiones. Cuando el gasto se expande sin un análisis riguroso de sostenibilidad, el riesgo no es abstracto: es menos espacio fiscal para que el próximo gobierno enfrente una emergencia, pague deuda o mantenga los programas sociales sin endeudarse más. El ciudadano no verá ese sobrecosto en una factura, pero lo sentirá en servicios que se deterioran, en obras paralizadas y en una moneda bajo presión. La Contraloría ya cumplió su papel de dique. La pregunta ahora es si el Congreso escuchará la advertencia, o si aprobará de madrugada un gasto que no se explicó a la luz del día.