El blindaje al canciller Pareja: la Subcomisión como escudo de la transición saliente

A inicios de julio de 2026, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró improcedente y archivó de forma definitiva la denuncia constitucional 715, presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja por presuntas irregularidades en el traslado de actas de la segunda vuelta electoral (Caretas). La decisión, adoptada sin mayor debate público, no es un hecho aislado: es la pieza más reciente de un mecanismo de blindaje que el Congreso saliente ha perfeccionado en sus últimos meses de vida.

Un archivo predecible con argumentos formales

El informe técnico de calificación concluyó que la Cancillería carece de competencias en materia electoral y que no se acreditó infracción constitucional alguna atribuible al ministro (Caretas). En estricto derecho, el razonamiento es impecable: el sistema electoral peruano recae en los organismos autónomos que la Constitución designa, JNE, ONPE y Reniec, no en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la velocidad y la contundencia del archivo suscitan preguntas incómodas. La denuncia se presentó el 22 de junio y quedó sepultada en poco más de una semana. Cuando una institución resuelve con tal celeridad un caso que involucra a un ministro del gobierno saliente, la eficacia selectiva habla más que los argumentos jurídicos.

Un patrón que no distingue colores

El caso Pareja no inaugura nada. En abril de 2026, la misma SAC, presidida por Lady Camones (APP), archivó cinco denuncias contra la expresidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros por presuntas infracciones constitucionales y actos de corrupción vinculados a la negociación colectiva del sector público y la concesión del puerto de Matarani (Exitosa Noticias). En junio, el Pleno aprobó en primera votación un proyecto de ley que desvía a tribunales castrenses las causas penales contra policías y militares por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones (La República). La secuencia dibuja una línea clara: el Estado se protege a sí mismo mientras se desmontan los pocos controles que quedan.

Lo que hereda el ciudadano

El nuevo Congreso bicameral que se instalará el 27 de julio recibirá algo más que un hemiciclo renovado (El Peruano). Recibirá una práctica instalada: la de usar los filtros parlamentarios no para investigar, sino para archivar; no para sancionar, sino para blindar.

Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en una factura concreta. Cada denuncia archivada sin investigación efectiva es un mensaje que recorre la administración pública: los controles funcionan para quien no tiene respaldo político. La impunidad de arriba legitima la arbitrariedad de abajo. El policía que extorsiona, el funcionario que cobra por un trámite, el alcalde que direcciona una obra: todos entienden que el sistema castiga según el peso del acusado, no según la gravedad del hecho.

La SAC, concebida como la antesala del juicio político, se ha convertido en su opuesto: un punto final anticipado. Y lo más grave es que lo hace en las últimas semanas de un Congreso que ya no tendrá que rendir cuentas ante el electorado. El Parlamento que entra hereda la herramienta y el precedente. La pregunta no es si la usará, sino contra quién.