El Minedu contra la Sunedu: la autonomía universitaria como campo de batalla de la transición

El 7 de junio de 2026, Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta con el 50.135% de los votos frente al 49.865% de Roberto Sánchez (RPP). Pero el Perú no cambia de gobierno hasta el 28 de julio. En esa ventana de cincuenta y un días, el interregno, el Ejecutivo lo encabeza José María Balcázar, presidente del Congreso que ocupa la Presidencia por sucesión constitucional y que llegó al Parlamento en 2021 por Perú Libre (RPP). Cuatro días después del balotaje, su ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza (Minedu), firmó la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU (Minedu). El blanco: el superintendente de la Sunedu, el regulador que fiscaliza a las universidades.

Una figura que la Ley Universitaria no reconoce

La resolución modifica una anterior e introduce un concepto inédito: los "periodos complementarios". Según su texto, el superintendente Vicente Paul Espinoza Santillán fue designado "a fin de culminar el periodo de tres (3) años del representante del MINEDU designado con Resolución Ministerial N.° 106-2023-MINEDU". La aritmética que sugiere el Minedu es simple: si el trienio del representante anterior empezó en 2023, vence en 2026, y Espinoza, nombrado en 2025, tendría que irse ya.

Pero la ley dice otra cosa. El artículo 17.2 de la Ley 30220, modificado por la Ley 31520 (El Peruano), establece que todos los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu se eligen por un periodo de tres años, sin reelección. No existen los "periodos complementarios" ni los mandatos que se heredan: cada designación inicia su propio trienio. La interpretación del Minedu no es una aclaración administrativa; es una remoción por la puerta de atrás.

La Sunedu responde: amparo, Congreso y sindicato en alerta

El regulador lo leyó así. El 14 de junio presentó una acción de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima (Diario Uno), que el 16 de junio admitió la demanda a trámite y dio diez días al Minedu para contestar (Dardo Noticias). Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el superintendente Espinoza sostuvo que la resolución introduce figuras no previstas en la ley y que eso afectaría "la autonomía y estabilidad institucional de la Sunedu", y recordó que el Tribunal Constitucional ha reconocido esa autonomía como garantía de independencia funcional frente a interferencias políticas (Sunedu).

El 1 de julio, el Sindicato Único de Trabajadores de la Sunedu endureció el tono: denunció una "intervención sistemática destinada a desestabilizar" al regulador, advirtió que se busca absorberlo dentro del Minedu, rechazó amenazas a los trabajadores CAS y se declaró en alerta permanente, cuestionando directamente a la ministra Cuadros y al presidente Balcázar (La Razón).

Por qué el apuro: sesenta universidades en la sala de espera

La pregunta de fondo es por qué ahora. La respuesta la dio el propio Espinoza ante el Congreso: alrededor de sesenta universidades públicas creadas por ley aún no cuentan con licenciamiento institucional y, por eso, no pueden admitir estudiantes (Sunedu). Eso es lo que está en juego. Quien controla la Sunedu decide qué universidades se licencian, con qué estándares y en qué momento. No es una disputa técnica sobre la duración de los mandatos: es una pugna por el control del regulador que tiene la llave de esas sesenta instituciones.

El momento lo dice todo

La resolución no salió en enero, ni en marzo, ni en mayo. Salió el 11 de junio, cuatro días después del balotaje, con el país todavía digiriendo el resultado y la atención pública puesta en otra parte. Que el nuevo gobierno herede un regulador sacudido, con su superintendente defendiendo el cargo en el Poder Judicial y su sindicato en alerta, no luce como un efecto colateral: luce como el objetivo. La transición de 2026 no solo se juega en el conteo de votos ni en el reconocimiento internacional; también se juega en resoluciones ministeriales que, con apariencia de ajuste administrativo, buscan desarmar una institución antes de que llegue quien la herede.

Lo que está en juego para el estudiante

Detrás de la disputa por mandatos y competencias hay algo muy concreto. Esas sesenta universidades sin licenciar son miles de jóvenes que no pueden matricularse con garantía de calidad, familias que pagan por una carrera sin saber si el título valdrá y regiones enteras que esperan una casa de estudios que de verdad funcione. La Sunedu existe para que la palabra "universidad" signifique algo. Un regulador capturado o debilitado no es un problema de organigrama: es la diferencia entre un cartón y un futuro. Quien tenga esa llave desde el 28 de julio decidirá cuántas de esas puertas se abren, y con cuánta exigencia.