López Aliaga, el guardaespaldas que busca ministerio

Rafael López Aliaga no está haciendo un favor. Cuando el excandidato presidencial de Renovación Popular anunció que «visitará» a Keiko Fujimori para poner a «disposición» a su equipo de seguridad ciudadana, no estaba donando experiencia técnica: estaba postulando a un ministerio sin pasar por una evaluación pública.

La oferta que no es oferta: es una postulación

El anuncio ocurrió el domingo 5 de julio en un evento partidario en El Rímac. Sobre el escenario estaban el candidato a la alcaldía de Lima, Luis Rubio; el senador electo Alejandro Muñante; y el excandidato presidencial Carlos Álvarez, presentado días antes como la nueva figura del equipo de seguridad de Renovación Popular (Willax). López Aliaga felicitó a Fujimori y dijo que quiere que la seguridad ciudadana «sea el tema número uno» de su gobierno (RPP).

El contexto le da forma a la jugada. López Aliaga quedó tercero en la primera vuelta con 11.904% de los votos, eliminado de la segunda vuelta por 21,210 sufragios (Trome). Luego vino otro revés: su candidatura a regidor metropolitano por Lima fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que lo consideró impedido por su condición de senador electo, aunque aún sin juramentar (La República). En pocas semanas, el líder de Renovación Popular pasó de aspirar a la presidencia a ver amenazado hasta su plan B municipal.

El «equipazo» que saltó de la municipal a Palacio

¿Quién integra ese equipo que López Aliaga ofrece al Ejecutivo? La pieza central es Carlos Álvarez, excandidato presidencial que el 26 de junio fue presentado como nuevo integrante del equipo técnico de seguridad ciudadana de Renovación Popular para la campaña municipal de Luis Rubio (Diario Correo). Una semana después, ese mismo equipo municipal se ofrece ahora al gobierno nacional.

El tránsito es revelador: un grupo conformado para una campaña distrital se promociona de inmediato como capaz de diseñar la política nacional de seguridad. No hay en el anuncio una propuesta programática, un diagnóstico del problema criminal en el país ni una hoja de ruta. Hay un activo político, el equipo, que se ofrece como llave de entrada al nuevo gobierno.

Seguridad como botín: el precio de entrar al gobierno

Keiko Fujimori ganó la presidencia con 50.14% de los votos frente a 49.87% de Roberto Sánchez (RPP). Gobierna un país partido y necesita construir gobernabilidad. La oferta de López Aliaga le resuelve dos problemas de una vez: suma un aliado en el Legislativo, Renovación Popular tendrá presencia en el nuevo Senado bicameral (Expreso), y recibe un equipo de seguridad ya armado, alineado con la línea dura que Fuerza Popular prometió en campaña.

Pero hay un costo que el ciudadano pagará sin factura visible. La seguridad ciudadana deja de ser una política de Estado, construida con diagnósticos, datos y consensos, y se convierte en una cuota de poder negociada entre fuerzas políticas. El «equipazo» que hoy se ofrece como solución fue armado para una campaña municipal; no ha pasado por concurso público, no tiene un plan de seguridad nacional conocido y su principal credencial es la lealtad a quien lo ofrece.

Lo que está en juego para el ciudadano

Para quien vive en un distrito donde la extorsión define el horario de cierre de los negocios o donde tomar un taxi de noche es un riesgo calculado, esta noticia debería encender alarmas. No se trata de si Carlos Álvarez o el equipo de Renovación Popular son competentes o no. El problema es que la política de seguridad, la que define cuántos policías patrullan tu calle, qué tan rápido responde el serenazgo o si hay un plan contra el sicariato, se está decidiendo en una mesa de negociación política, no en un gabinete técnico con rendición de cuentas.

El ciudadano no necesita un «equipazo» leal a un excandidato. Necesita un Ministerio del Interior que responda a evidencia, no a cuotas partidarias. La transición está a tiempo de demostrar que la seguridad no es un botín.