Indulto a Castillo: la prueba de fuego para Keiko Fujimori

Siete pedidos en plena transición

Dos nuevos pedidos de indulto y gracia presidencial a favor del expresidente Pedro Castillo llegaron al despacho del presidente encargado José María Balcázar en la primera semana de julio de 2026. Con ellos, ya son siete las solicitudes acumuladas desde que Castillo fuera condenado a 11 años y medio de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El timing no es casual: las solicitudes se acumulan a menos de tres semanas de que Keiko Fujimori asuma la presidencia, el 28 de julio.

Los dos últimos solicitantes retratan la heterogeneidad del movimiento que aún rodea al exmandatario: Germán Villena, un pastor evangélico de Comas que afirma haber presentado al menos cuatro pedidos por mandato divino, y Tomás Soldevilla, exintegrante del movimiento de Antauro Humala. El de Soldevilla sí fue admitido a trámite por la Comisión de Gracias Presidenciales. Los anteriores no corrieron la misma suerte: la Comisión ya declaró inadmisible el sexto pedido el 10 de junio de 2026 y archivó la solicitud de gracia por razones humanitarias por falta de subsanación.

Balcázar: el presidente que se va sin decidir... pero no sin actuar

José María Balcázar, del mismo Perú Libre que llevó a Castillo al poder, ha repetido que el indulto «no está en agenda» y que el exmandatario aún tiene procesos penales en curso. Sin embargo, sus actos cuentan otra historia: visitó a Castillo en el penal de Barbadillo en reiteradas ocasiones y, esta misma semana, recibió en Palacio de Gobierno a Roberto Sánchez y a congresistas electos de Juntos por el Perú, en una reunión donde también estuvieron presentes familiares del expresidente.

Balcázar dejará el cargo en pocos días. Su legado en este tema no será una decisión, sino una omisión calculada: le entrega a Keiko Fujimori el expediente más incómodo de la transición sin haberlo resuelto.

Keiko y la puerta entreabierta

La presidenta electa ha sido cuidadosa pero no ha cerrado la puerta. En abril, afirmó que un indulto a Castillo solo procedería por razones estrictamente humanitarias y de salud. En junio, ya como ganadora, amplió: «cualquier pedido tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso».

La paradoja es profunda. Keiko Fujimori conoce el indulto desde la experiencia personal: su padre, Alberto Fujimori, fue indultado en 2017 por Pedro Pablo Kuczynski en una decisión que desgarró al país. Ahora le toca a ella decidir sobre el indulto del hombre que la derrotó en las elecciones de 2021. Concederlo sería leído por su base más dura como una traición; negarlo de plano, como una renuncia a tender puentes con la izquierda que impugnó su elección.

Lo que la ley dice (y lo que no)

El indulto presidencial, regulado por el Decreto Supremo N.° 004-2007-JUS, exige que la condena sea firme. La sentencia de Castillo por conspiración para rebelión aún se encuentra en apelación ante la Corte Suprema. El constitucionalista Aníbal Quiroga ha señalado que los requisitos legales simplemente no se cumplen en este caso. La Comisión de Gracias Presidenciales, que actúa con autonomía técnica, ya lo ha dicho seis veces de distintas maneras: inadmisible, no subsanado, archivado.

La ley es clara, pero el indulto es, en su esencia, un acto de poder político disfrazado de humanidad. Y esa tensión es exactamente lo que hace de esta decisión la prueba de fuego para el nuevo gobierno.

Lo que está en juego para el ciudadano

Este no es un debate de abogados ni de élites políticas. Lo que está en juego es la señal que el Estado peruano envía sobre la igualdad ante la ley. Un indulto concedido sin sentencia firme y contra la opinión técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales le diría al ciudadano que el poder político puede torcer las instituciones. Un rechazo tajante, sin matices, le diría a la mitad del país que el nuevo gobierno no está dispuesto a gobernar para todos.

La decisión que Keiko Fujimori tome en sus primeros meses no solo definirá el destino penal de Pedro Castillo. Definirá si el Perú que empieza el 28 de julio de 2026 es uno donde las instituciones resisten la presión política o uno donde ceden ante ella. Para el ciudadano de a pie, el que madruga, trabaja y paga impuestos, la diferencia entre una cosa y la otra es la diferencia entre vivir en un país con reglas o en uno donde las reglas se negocian según quién esté en Palacio.