Keiko y la Corte IDH: la señal de un nuevo rumbo en derechos humanos

La promesa privada que contradice una década de discurso público

Yehude Simon, candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Humanista, afirmó que Keiko Fujimori le aseguró en privado que el Perú "no se iba a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". No es un dato menor: es el primer indicio de que la presidenta electa podría estar recalibrando una posición que ella misma construyó durante años.

El historial es contundente. En 2018, en los chats filtrados de "La Botica", Fujimori escribió: "Dejar la CIDH me parece importantísimo", según documentó La República. En el debate presidencial fue todavía más directa: "Si hay que salir de la Corte IDH, lo haremos". La promesa transmitida por Simon representa, si se confirma, un viraje de 180 grados frente a una trayectoria de hostilidad declarada.

El fujimorismo histórico y la Corte: una relación de confrontación

El gesto no puede leerse sin contexto. El Perú acumula más de 60 sentencias de la Corte IDH, de las cuales solo tres han sido archivadas por cumplimiento total, es decir, menos del 5%. Nueve casos permanecen en trámite ante la Corte IDH, aún sin sentencia. En etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia se encuentran procesos emblemáticos como La Cantuta y Barrios Altos, originados durante el gobierno de Alberto Fujimori, además de casos sobre esterilizaciones forzadas y derechos de personas LGBTI. Solo en 2025 la Comisión Interamericana recibió 233 peticiones relacionadas con el Perú y remitió dos casos a la Corte.

En 1999, Alberto Fujimori intentó retirar al país de la competencia de la Corte IDH con "efectos inmediatos" mientras el tribunal evaluaba justamente La Cantuta y Barrios Altos. La maniobra fracasó por vicios legales. El paralelo histórico es inevitable, y por eso la señal actual, aunque privada, tiene un peso simbólico que trasciende la anécdota.

La presión interna: entre la promesa y la bancada

El verdadero desafío para Keiko Fujimori no será sostener la promesa ante Yehude Simon, sino ante su propia bancada. Fuerza Popular contará con 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores, lejos de los dos tercios necesarios para una reforma constitucional que habilite la salida del sistema. Pero la aritmética no es el único factor: esa misma bancada respaldó la Ley N.° 32419, que concede amnistía a militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno, norma que la Corte IDH exhortó a no aplicar en septiembre de 2025.

La presidenta electa aún no ha nombrado a su canciller ni ha hecho una declaración pública sobre el tema. Hasta ahora, la señal es privada, transmitida por un tercero. Para que el gesto se convierta en política de Estado, necesita traducirse en nombramientos, en el primer mensaje presidencial y en la primera cumbre internacional donde el Perú tome la palabra.

Lo que está en juego para el ciudadano

Permanecer en la Corte IDH no es una abstracción diplomática. Es la diferencia entre que un peruano que enfrente una detención arbitraria, una desaparición forzada o una tortura tenga o no un tribunal internacional al cual recurrir cuando las instancias nacionales fallen. Las más de 60 sentencias contra el Perú no son estadística: cada una representa a ciudadanos que agotaron el sistema local sin obtener justicia y encontraron en la Corte su única respuesta. Renunciar a ese respaldo es cerrar la última puerta para quien no encuentra justicia en casa.

La promesa transmitida por Simon es una señal alentadora, pero es apenas eso: una señal. La prueba de fuego será el 28 de julio y los días que sigan, cuando las palabras privadas deban convertirse en actos públicos.