El 25% de candidatos a gobernador con sentencias: el filtro electoral que no filtra

La cifra no es un accidente: es la consecuencia de una norma que solo filtra lo mínimo

Uno de cada cuatro candidatos a gobernador regional en el Perú tiene una sentencia firme en su hoja de vida. Son 77 de 306 aspirantes, según los datos que ellos mismos declararon ante el Jurado Nacional de Elecciones La República. El 25% de quienes pretenden administrar presupuestos regionales millonarios y decidir sobre salud, educación e infraestructura arrastra una condena judicial. Y no es un fallo administrativo del sistema: es el resultado previsible de un diseño legal que pone la carga del filtro en los partidos políticos y deja al organismo electoral con herramientas limitadas para excluir.

La Constitución cierra la puerta a pocos: solo la sentencia en primera instancia por delito doloso impide postular

El artículo 34-A de la Constitución establece que están impedidas de postular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso El Peruano. La norma no menciona las sentencias que ya son firmes, es decir, confirmadas en segunda instancia o casación, ni aquellas con la pena cumplida. Tampoco alcanza a las sentencias por omisión a la asistencia familiar (27 de los 77 casos) ni por violencia familiar (7 casos, con 5 candidatos que acumulan ambas) cuando estas ya no están en primera instancia, ni a las condenas civiles o laborales. En esos intersticios legales se mueven los 77 candidatos con sentencias firmes que compiten este año. La ley traza una línea de exclusión muy delgada, y el resto lo delega a la responsabilidad de las organizaciones políticas. La pregunta incómoda es si los partidos están ejerciendo esa responsabilidad.

APP encabeza la lista de partidos que no filtran: 9 de sus 15 candidatos tienen sentencias

Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, es la agrupación que más candidatos con sentencias presenta: nueve de quince La República. Le siguen Renovación Popular con siete, y Somos Perú y Podemos Perú con seis cada uno. Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre y Frente de la Esperanza también llevan al menos un candidato con condena. No hay un partido que pueda lanzar la primera piedra: la omisión es transversal. Y mientras los partidos no filtren, el sistema seguirá produciendo gobernadores que llegan al cargo con un expediente judicial a cuestas.

Los Jurados Electorales Especiales apenas raspan la superficie: solo 5 de 77 fueron declarados improcedentes

De los 77 candidatos con sentencias, apenas cinco han sido declarados improcedentes por los Jurados Electorales Especiales. Doce ya fueron admitidos, 22 figuran como inadmisibles, aún pueden subsanar, y 37 permanecen como recibidos, sin calificar. Una sola candidatura está en periodo de tacha La República. El JNE y los JEE aplican la ley que tienen, no la que quisieran. Y la ley que tienen no les permite ir más allá de revisar requisitos formales. La tacha ciudadana existe, pero requiere que alguien se active, reúna pruebas y enfrente un proceso. Pocos lo hacen.

Lo que está en juego el 4 de octubre: presupuestos regionales y vidas concretas

Un gobernador regional administra el presupuesto de su departamento, decide qué hospitales se construyen, qué carreteras se asfaltan y a qué proveedores se les adjudican contratos. Cuando ese poder recae en alguien con una sentencia por peculado, colusión o negociación incompatible, delitos que figuran en las hojas de vida de varios de estos 77 candidatos, el riesgo no es abstracto: se traduce en obras sobrevaloradas, servicios colapsados y recursos que no llegan a quien los necesita. La ciudadanía tiene derecho a saber quién manejará el dinero de su región. Pero también tiene derecho a un sistema que no delegue toda la responsabilidad de filtrar en unos partidos que han demostrado no estar a la altura.

La reforma que el nuevo Congreso bicameral no puede seguir esquivando

A menos de tres meses de las elecciones regionales y municipales, y en plena transición presidencial, los 77 nombres con sentencia firme que compiten por una gobernación no son una anécdota: son la evidencia de que el filtro electoral necesita una recalibración legal. Ampliar las causales de improcedencia, sin caer en el populismo punitivo que excluye por cualquier antecedente, y fortalecer la revisión sustantiva de las hojas de vida son tareas pendientes que el próximo Congreso bicameral debería asumir. Mientras tanto, el ciudadano que acuda a votar el 4 de octubre hará bien en revisar, nombre por nombre, qué esconde cada hoja de vida. Porque el sistema no lo va a hacer por él.