Muerte en custodia: el patrón de abuso policial que la transición no quiere ver

El patrullero como escena del crimen

José Armando H.Q. tenía 23 años. Fue detenido por la policía en Juliaca, Puno, tras ser sorprendido dentro de una vivienda ajena en el jirón San Juan de Dios. Los agentes lo redujeron y lo subieron a un patrullero de la comisaría Santa Bárbara. No llegó vivo a la dependencia policial: murió durante el traslado. Según la necropsia, falleció por golpes. La familia lo denuncia como una agresión brutal. La policía sostuvo que el joven se autolesionó dentro del vehículo. Hay tres suboficiales intervenidos por el Ministerio Público Diario Correo.

La escena es conocida para cualquiera que haya seguido la crónica policial peruana en los últimos años: un ciudadano bajo custodia del Estado, una muerte violenta y una versión oficial que apunta al suicidio o al accidente, casi siempre desmentida por la evidencia forense.

De Manchay a Juliaca: el patrón que se repite

Un mes antes, un adolescente de 17 años murió dentro de la comisaría de Manchay, en Pachacámac. Había permanecido casi dos días detenido sin que sus padres fueran notificados. La necropsia determinó asfixia mecánica por ahorcamiento. La Policía Nacional sostuvo que fue una muerte autoinfligida. El padre del menor rechazó esa versión y denunció que su hijo fue torturado. Además, denunció que efectivos policiales le pidieron S/2,000 y un pollo a la brasa para liberar a su hijo Caretas La República.

Dos casos en menos de treinta días. Dos ciudadanos muertos bajo custodia policial. Dos versiones oficiales que culpan a la víctima de su propia muerte. No son incidentes aislados: son la manifestación reciente de un patrón documentado. En 2023, Human Rights Watch registró que las fuerzas de seguridad peruanas incurrieron en un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023, con un saldo de 49 manifestantes y transeúntes fallecidos, entre ellos 8 menores de edad. El informe documentó también deficiencias sistemáticas en las investigaciones penales Human Rights Watch.

Una ley que existe y un control que no

El Perú tiene un marco normativo para el uso de la fuerza: el Decreto Legislativo 1186, que obliga al personal policial a emplearla de forma progresiva y diferenciada, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La norma es clara: el control físico debe evitar en lo posible causar lesiones. La fuerza letal solo se justifica ante un peligro real e inminente de muerte (artículos 4 y 7 del Decreto Legislativo 1186).

Pero entre la norma y la comisaría hay un abismo. La Defensoría del Pueblo tuvo que exigir, no solicitar, exigir, una investigación célere e imparcial por el caso Manchay, y demandó información sobre los protocolos aplicados, los registros de detenidos y la identificación del personal responsable de la custodia. Que el organismo defensor de los derechos ciudadanos tenga que recordarle a la policía que investigue una muerte bajo su propio techo revela la profundidad del problema.

Lo que la presidenta electa no ha mencionado

La presidenta electa ha colocado la seguridad ciudadana en el centro de su discurso. Ha hablado de reforzar la policía y de combatir la delincuencia. Pero no ha dicho una palabra sobre el control ciudadano de la fuerza pública, sobre los mecanismos de supervisión externa de la Policía Nacional ni sobre la depuración de los mandos que toleran o encubren el abuso.

Hablar de seguridad sin hablar de control es un discurso incompleto. Una policía que no rinde cuentas es una policía que se percibe a sí misma por encima del ciudadano. Y una policía así, por más recursos que reciba, no protege: intimida.

¿Quién custodia a los custodios?

Para el ciudadano común, el que camina por Juliaca o toma un taxi en Manchay, estos casos envían un mensaje devastador: el Estado que debería protegerte también puede matarte, y probablemente nadie rinda cuentas por ello. La impunidad no es un defecto del sistema; es su característica central cuando la institución que investiga el abuso policial depende del mismo Ministerio del Interior que comanda a la policía.

Mientras el país discute la transición política, dos familias velan a sus muertos. Una en Lima, otra en Puno. Ninguna confía en la versión oficial. Y tienen razones para no hacerlo.