La corrupción en la PNP como herencia de Estado: el 94.4% que la transición no puede ignorar

Lo que la cifra muestra

En el primer semestre de 2026 se registraron 90 denuncias por corrupción en el sector Interior. El 94.4%, 85 casos, involucran directamente a la Policía Nacional, según la Central Única de Denuncias y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, difundidos por La República. Junio fue el mes más crítico, con 20 reportes, y Lima concentra el 36.7% de los casos.

Esto no es una anomalía. A finales de 2025, 1,456 efectivos fueron pasados al retiro; 570 de ellos estaban vinculados a corrupción. La Inspectoría General impuso 4,188 sanciones hasta diciembre. Y en el primer semestre de 2025, cerca de 973 policías estaban en prisión preventiva por delitos graves, según detalló el excomandante general Eduardo Pérez Rocha al mismo medio.

No son manzanas podridas: es el árbol

La fractura viene de origen: el 50% de las sanciones por faltas graves y corrupción recae sobre suboficiales de tercera, es decir, recién egresados. «Esto demuestra que no hay una buena selección del personal», advirtió Pérez Rocha.

El exministro Rubén Vargas Céspedes calificó la corrupción como «estructural» y la vinculó a las economías ilegales que operan con complicidad de operadores judiciales y políticos. Su propuesta: que las unidades ejecutoras de la PNP sean gestionadas por gerentes civiles y que la Oficina de Asuntos Internos investigue con independencia real. El exministro Wilfredo Pedraza coincide en el diagnóstico: «la ausencia de control debido a la alta movilidad de autoridades» ensancha los espacios para la corrupción.

El caso de Juliaca del 11 de julio lo ilustra: José Armando H.Q., de 23 años, detenido por ingresar a una vivienda ajena, falleció dentro del patrullero. La versión policial habla de autolesión; los familiares denuncian golpes y un familiar declaró a Diario Correo que «la necropsia confirma que falleció por golpes». Tres suboficiales están intervenidos. La muerte bajo custodia no es un hecho aislado: es el síntoma de un control interno que no funciona.

La transición que no puede mirar para otro lado

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio. El designado para el Ministerio del Interior es José Mercedes Zapata Morante, según Caretas. Sin embargo, no se ha hecho público ningún eje de reforma policial en la agenda de traspaso. Se ha mencionado la recuperación del orden público como prioridad, pero sin detallar cómo enfrentar una institución con 973 de sus miembros en prisión preventiva.

El Congreso ha dado señales dispersas. En febrero de 2026, el congresista David Jiménez presentó un proyecto para declarar de interés nacional la reforma integral de la PNP y crear una Comisión Especial Multisectorial de Alto Nivel que propondría modificaciones al régimen disciplinario. En junio de 2026, el pleno aprobó una ley que modifica el Código Penal Militar Policial en materia de sanciones. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas toca el núcleo del problema. La última modificación administrativa fue el Decreto Supremo 016-2025-IN, del 10 de noviembre de 2025, que ajustó el reglamento de la Ley 30714 sin alterar la endogamia que permite que la policía se investigue a sí misma.

Lo que está en juego

Para el ciudadano que toma un taxi con miedo a ser extorsionado, que denuncia un robo sin respuesta o que desconfía del policía que debería protegerlo, estas cifras no son abstractas. Son la diferencia entre vivir con miedo y vivir con seguridad. La confianza en la PNP «está en su peor momento», según el exministro Rubén Vargas Céspedes, quien estima que la percepción de inseguridad supera el 90% de la población.

La herencia que recibe el nuevo gobierno no es un ministerio con manzanas podridas: es un sistema capturado. La pregunta no es si Keiko Fujimori cambiará al ministro del Interior, eso ya está previsto, sino si su administración tendrá la voluntad de reformar los cimientos: selección de personal, control civil de las unidades ejecutoras, un tribunal disciplinario independiente y el fin de la impunidad uniformada. Sin eso, el 94.4% será la misma cifra dentro de seis meses. Solo cambiará el nombre del ministro.