El explosivo patrón de la extorsión: cuando las bandas ya no solo disparan

La dinamita ya es herramienta cotidiana del crimen urbano

En los primeros meses del 2026, la Policía registró más de 4,000 denuncias de extorsión, un promedio de 75 casos diarios, según datos reportados en abril. El dato nuevo es el método: ya no basta con una bala o un mensaje de WhatsApp; ahora las bandas usan dinamita para quebrar la voluntad de comerciantes que se resisten a pagar cupos.

Decomisos récord que esconden un desvío masivo

La Sucamec destruyó más de 600 toneladas de explosivos entre 2024 y 2025. Incautó 148 toneladas e inmovilizó otras 192 en el mismo periodo, con 6,578 acciones de control a nivel nacional. Son cifras abultadas, pero el explosivo sigue llegando a las calles.

El material que la Sucamec fiscaliza es de uso civil, canteras, minería, construcción, y su desvío hacia el crimen ocurre en los márgenes que la trazabilidad administrativa no cubre. En Pataz, La Libertad, un solo operativo en 2025 permitió incautar más de 7 toneladas de explosivo, presuntamente destinadas a minería ilegal. El puente entre esa dinamita y la que aparece en un puesto de pollos a la brasa de cualquier distrito limeño es el mismo mercado negro que las detonaciones vuelven visible.

Lo que ningún plan de seguridad está mirando

La respuesta del Estado sigue siendo reactiva: capturar al que explota, no al que financia la explosión. El debate político ha girado en torno a megapenales, videovigilancia con inteligencia artificial y más presencia policial. Son medidas que contienen, pero no desarticulan. Una banda que dispone de explosivos no se frena con más cámaras: se frena siguiendo el dinero que compra la dinamita y los insumos químicos que la fabrican.

Las cartas extorsivas detectadas en operativos recientes incluyen números telefónicos de código extranjero: en la madrugada del 14 de julio, la Policía capturó en el Rímac a dos presuntos extorsionadores con nueve artefactos explosivos y mensajes amenazantes que exhibían un número de código colombiano (RPP). Son redes transnacionales que mueven personas, armas y precursores químicos. Combatir eso exige inteligencia financiera, rastrear los pagos, los testaferros, las empresas fachada, y un control de insumos que hoy la Sucamec ejerce con competencias exclusivamente administrativas, sin capacidad de investigación criminal propia.

Lo que está en juego no es una estadística

A dos días de la movilización nacional convocada por la CGTP para el 16 de julio y en plena transición de gobierno, la inseguridad sigue siendo el problema que ningún discurso puede ignorar. Pero mientras el debate político oscila entre la mano dura y la protesta, el comerciante que abre su negocio cada día duerme con miedo a que la próxima detonación no sea un aviso, sino un ataúd. Para él, la política de seguridad no se mide en toneladas decomisadas ni en megapenales anunciados, sino en la certeza de que abrir su negocio cada mañana no sea un acto de valentía. Y esa certeza, hoy, el Estado peruano no la ofrece.