La factura global: lo que los aranceles de Trump y el shock petrolero le cuestan al Perú

No es una simulación ni un escenario de «qué pasaría si». Desde febrero de 2026, cada embarque peruano que llega a un puerto estadounidense paga aranceles que no existían cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio: 10% universal sobre todas las importaciones, 50% al cobre y 50% al acero y aluminio. Son tres capas que ya están en vigor. Y esta semana, a esa carga se sumó un recordatorio de la otra gran vulnerabilidad peruana: el precio del petróleo.

La tensión en el estrecho de Ormuz volvió a encarecer el crudo y a exponer ese flanco. Para un país que importa cerca del 88% del crudo que consume, cada dólar que sube el barril se traduce en transporte, fertilizantes y electricidad más caros. La factura arancelaria y la petrolera, aunque de naturaleza distinta, se pagan con la misma moneda: vulnerabilidad.

Tres capas de aranceles que ya se cobran

La primera es la más amplia y la más controvertida. El 24 de febrero de 2026, la administración Trump activó un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones peruanas, invocando la Section 122. El Tribunal de Comercio Internacional lo declaró inválido el 7 de mayo de 2026, pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sigue cobrándolo mientras la apelación avanza. Reed Smith mantiene un rastreador actualizado de cada movimiento de esta guerra arancelaria.

Bajo el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, vigente desde el 1 de febrero de 2009, la gran mayoría de las partidas peruanas ingresaban a ese mercado con arancel cero (Mincetur). En la práctica, ese acceso preferencial está hoy erosionado por los aranceles unilaterales.

La segunda capa golpea al cobre. Desde el 1 de agosto de 2025, el cobre peruano paga un arancel del 50%, según documentó el Institute for Energy Research. Perú es el cuarto proveedor de cobre de Estados Unidos.

La tercera capa, también al 50%, es la del acero y el aluminio, vigente desde junio de 2025 y reforzada en abril de 2026, según la propia Casa Blanca.

Lo que está en juego: US$10,148 millones y 390,000 empleos

En 2025, Perú exportó US$90,082 millones al mundo, un 21% más que el año anterior, según Mincetur. De ese total, Estados Unidos recibió US$10,148 millones, el 11.3%, según el informe de ADEX. Son 2,444 empresas las que sostienen ese flujo, y el 67.3%, unas 1,645, son micro, pequeñas y medianas. Detrás de esas empresas hay 390,218 empleos directos, una cuarta parte de todo el empleo exportador peruano.

Pero el golpe no se reparte por igual. El sector más expuesto es la agroindustria: US$4,371 millones en envíos a Estados Unidos, según el informe de ADEX. La canasta la encabezan los arándanos (US$1,179 millones) y las uvas (US$1,010 millones), seguidos por paltas, espárragos y mangos. Para estos productos, no existe un mercado alternativo del tamaño de Estados Unidos al que redirigir los envíos en el corto plazo. No se trata solo de pagar un 10% más: se trata de perder competitividad frente a productores mexicanos o centroamericanos que pueden tener condiciones arancelarias distintas.

Las confecciones peruanas, con US$799 millones exportados, enfrentan el mismo dilema. La siderometalurgia (US$609 millones) sufre el doble golpe del 10% universal más el 50% al acero. La minería no metálica suma otros US$347 millones.

El cobre merece un párrafo aparte. Estados Unidos compra entre US$900 y US$1,000 millones de cobre peruano al año. Con el 50% de arancel, el sobrecosto es disuasivo. Pero aquí hay un matiz importante: el gran comprador del cobre peruano es China, no Estados Unidos. En 2024, el cobre representó el 67% de todo lo que Perú le vendió a China, unos US$16,789 millones (La República). Esa demanda china amortigua el golpe directo del arancel estadounidense, pero no lo anula: si la guerra comercial enfría la economía china, que absorbe el 36.2% de todas las exportaciones peruanas, el impacto indirecto podría superar al de cualquier arancel directo.

La cuenta: una estimación de entre US$1,300 y US$1,500 millones al año

Con base en las cifras anteriores se pueden trazar dos canales de pérdida. El 10% universal sobre US$10,148 millones arroja un sobrecosto teórico de US$1,015 millones. Pero los exportadores no trasladan todo ese costo al precio: una parte la absorben en márgenes, otra se pierde en contratos que ya no se firman. La pérdida real estimada rondaría los US$500 a US$700 millones anuales.

El cobre sumaría otros US$300 a US$500 millones en exportaciones desplazadas o vendidas con descuento, según las proyecciones de RED Perú. En conjunto, la factura arancelaria directa se situaría entre US$1,300 y US$1,500 millones al año. Eso equivale a entre el 1.4% y el 1.7% de lo que Perú exporta. No es un número que quiebre la macroeconomía, pero sí es un lastre constante sobre el sector más dinámico del aparato productivo peruano.

El otro flanco: la dependencia del crudo importado

El sobresalto de Ormuz fue efímero, pero apunta a una vulnerabilidad permanente. El precio del petróleo, para el Perú, no es una variable externa abstracta. El país importa cerca del 88% del crudo que consume: 260,000 barriles diarios de demanda, contra una producción nacional de apenas 30,000, según Radio Nacional. El diésel, que moviliza al 65% del parque automotor peruano, es predominantemente importado. Las exportaciones peruanas de petróleo y gas natural, además, cayeron un 10% en 2025, según el reporte de Mincetur.

Un país vulnerable

La arquitectura comercial que el Perú construyó durante dos décadas, tratados de libre comercio, acceso preferencial a los grandes mercados, una canasta exportadora diversificada, está siendo erosionada no por la competencia, sino por decisiones unilaterales que no distinguen entre aliados y rivales. El TLC con Estados Unidos, que debía ser la columna vertebral de esa arquitectura, está de facto suspendido en lo que más importa: el acceso al mercado en condiciones predecibles.

El agro peruano, el sector que más empleo exportador genera y el que con más esfuerzo se ganó un espacio en las góndolas estadounidenses, es el más expuesto. Redirigir US$4,371 millones en arándanos, uvas, paltas y espárragos a otros mercados no es viable en el corto plazo. La diversificación hacia Asia y Europa es una estrategia de mediano plazo, no un interruptor que se acciona en una temporada.

El cobre tiene a China como amortiguador, pero eso solo traslada el riesgo: si la guerra arancelaria enfría la economía china, el golpe para el Perú será mayor que cualquier porcentaje que aplique Washington. Y el petróleo, esa variable que Lima no controla, añade una capa de incertidumbre que se cuela en cada cadena de suministro.

Los US$1,300 a US$1,500 millones que Perú podría perder cada año no son una proyección apocalíptica. Son, más bien, el costo de hacer negocios en un mundo donde las reglas ya no son las que se firmaron. Y esa factura, a diferencia de los anuncios de Trump, no se retira en 48 horas.