ONPE sin jefe: el concurso fallido que expone la fragilidad electoral
La JNJ no logró los votos para nombrar al único postulante. A menos de tres meses de las ERM, la autoridad electoral sigue en manos de un interino, mientras el presupuesto para los comicios tambalea.
Por Qhawaq

La autoridad electoral sin capitán a 81 días de las urnas
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no logró el 14 de julio los cinco votos necesarios para nombrar a Carlos Loyola Escajadillo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Tres de los siete magistrados, Víctor Hugo Chanduví, Cayo César Galindo y Jaime de la Puente Parodi, votaron en contra del único postulante que llegó a la etapa final del concurso (RPP y Exitosa). Con ese resultado, la convocatoria queda desierta y Bernardo Pachas, gerente general de la institución, seguirá como jefe interino, el mismo que ya condujo la segunda vuelta de las elecciones generales (Andina).
El desenlace no es un mero tropiezo administrativo. Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026 (RPP). Quedan 81 días. La ONPE enfrenta ese calendario sin un titular nombrado por el órgano constitucionalmente encargado de garantizar la idoneidad de la autoridad electoral.
Un concurso que nació con el pie izquierdo
El proceso arrastraba señales de fragilidad desde su origen. La JNJ convocó el concurso el 29 de abril, tras la renuncia de Piero Corvetto luego de los problemas de distribución de material electoral en la primera vuelta del 12 de abril (Andina). El cronograma original fijaba la juramentación del nuevo jefe para el 3 de julio (La República), fecha que se incumplió.
En el camino, la JNJ excluyó a Loyola el 25 de junio por presuntamente omitir información sobre dos procesos civiles en su contra, para luego readmitirlo el 3 de julio tras acoger su recurso de reconsideración (RPP). Esa marcha y contramarcha revela un procedimiento que no termina de cuajar: primero se aparta al candidato, luego se le repone, y al final se le rechaza en la votación del pleno. Loyola obtuvo 82.49 puntos en el cuadro de méritos (Andina), un puntaje que en condiciones normales lo habría encaminado al cargo, pero que no fue suficiente para convencer a los magistrados.
Una institución sin jefe en medio de la tensión presupuestal
La ausencia de un titular llega en el peor momento financiero para el sistema electoral. La ONPE ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas S/433 millones del fondo de contingencia para cubrir el déficit que arrastra de cara a las ERM (La República). El presupuesto total requerido para el periodo 2026-2028 fue de S/2,108 millones; el MEF asignó inicialmente S/1,060 millones y luego S/588 millones adicionales, pero la mayor parte ya se consumió en la primera y segunda vuelta (La República).
El propio Pachas advirtió que, sin los recursos a tiempo, las localidades más alejadas, las de las mesas rurales, las comunidades sin acceso fácil, corren el riesgo de no contar con las condiciones logísticas para votar (La República). Un jefe interino puede gestionar, pero negociar con el MEF un fondo de contingencia y blindar el cronograma electoral exige la autoridad política y la legitimidad de un nombramiento en firme.
Lo que está en juego para el ciudadano
Detrás del lenguaje institucional, concursos desiertos, votos de magistrados, fondos de contingencia, hay una verdad más simple: el sistema electoral peruano llega a las ERM 2026 con su autoridad operativa debilitada y sus finanzas en vilo. Para el ciudadano de a pie, esto significa que la logística del voto, el traslado del material, la instalación de mesas, la capacitación de los miembros, pende de decisiones que no terminan de tomarse.
La JNJ deberá ahora convocar un nuevo concurso desde cero (RPP). Ese proceso tomará meses. Para cuando haya un jefe titular con todas las de la ley, las elecciones regionales y municipales probablemente ya habrán pasado. Mientras tanto, la ONPE sigue en piloto automático: un interino competente, sí, pero sin el mandato pleno que otorga un nombramiento constitucional. En un país donde cada proceso electoral es puesto bajo la lupa de la desconfianza, esa fragilidad no es un lujo que el sistema pueda permitirse.