La condecoración a Rospigliosi: el premio que no necesita escándalo
Mientras los padres de un menor fallecido en la comisaría de Manchay demandan a Rospigliosi por difamación, la Asociación de Oficiales de Marina lo condecora. El gesto revela un circuito cerrado entre poder político y sectores militares donde las leyes se premian a medida de quien las escribe.
Por Qhawaq

Una condecoración con fecha de vencimiento moral
El 14 de julio de 2026, la Asociación de Oficiales de la Marina (ASOMAR) impuso la Medalla de Honor al Mérito en grado de Comendador al presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, y a los congresistas Jorge Montoya y José Cueto. El motivo oficial: su «labor parlamentaria en favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú» Andina.
La fecha no es un detalle menor. Ese mismo 14 de julio, los padres del adolescente fallecido en la comisaría de Manchay hacían público que demandarán a Rospigliosi por difamación El Búho. Días antes, el 9 de julio, el hoy condecorado había calificado al menor muerto bajo custodia policial como «delincuente juvenil», aseguró que «estaba drogado» y lo redujo a la palabra «individuo» El Búho. El Ministerio Público aún investiga los hechos. No hay sentencia. Pero Rospigliosi ya dictó la suya desde la tribuna del Congreso.
Javier Cubas, padre del menor, lo resumió así: «le ha faltado el respeto demasiado a mi hijo, sin saber que mi hijo ya no se puede defender» La República. ASOMAR, por su parte, le respondió con una medalla.
El circuito cerrado: leyes que se escriben para quien las premia
ASOMAR no es la Marina de Guerra del Perú. Es una asociación civil de oficiales en retiro, presidida por el capitán de navío (r) Luis Mendoza Ramírez Andina. Técnicamente, no representa la voz institucional de las Fuerzas Armadas. Pero su membrete, su ceremonial y el peso simbólico del grado de Comendador logran lo mismo: el gesto se lee como un respaldo castrense a un político en el momento más cuestionado de su gestión.
Lo que ASOMAR premió tiene nombre y número de ley. Mendoza enumeró en su discurso: la amnistía al personal militar y policial que combatió el terrorismo entre 1980 y 2000, la ley que regula el uso de armas ante flagrantes delitos, la que establece la legítima defensa para militares y policías en servicio, y la norma que precisa los delitos de lesa humanidad en la legislación peruana Andina. Todas normas que amplían el margen de acción de las fuerzas del orden y reducen el escrutinio judicial sobre sus actos.
El circuito es transparente: el Congreso aprueba leyes que benefician a las Fuerzas Armadas y la Policía; las asociaciones de oficiales en retiro condecoran a los congresistas que las impulsaron. La reciprocidad no es ilegal, pero revela un intercambio que erosiona la independencia entre el poder civil y el poder militar. Más aún cuando uno de los condecorados, Jorge Montoya, es él mismo un vicealmirante en retiro y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Infomercado).
Lo que el ciudadano pierde cuando el Congreso se alía con el uniforme
Para el ciudadano de a pie, este circuito tiene consecuencias concretas. Las leyes que ASOMAR celebra son, advierte El Búho, las mismas que podrían afectar el desarrollo del proceso judicial en curso El Búho. La legítima defensa ampliada, la restricción del concepto de lesa humanidad y la amnistía a procesos sin sentencia firme no son abstracciones jurídicas: son herramientas que, en la práctica, pueden blindar a agentes del Estado frente a muertes bajo custodia.
Cuando el presidente interino del Congreso llama «delincuente» a un menor muerto en una celda y a los pocos días recibe una condecoración, el mensaje para cualquier familia peruana es devastador: tu hijo, bajo custodia del Estado, puede ser juzgado sin pruebas por quien debería fiscalizar a ese mismo Estado. Y quien lo hace será premiado.
No hace falta un escándalo para que el gesto sea grave. A veces basta con mirar la fecha en el calendario y preguntarse a quién protege la medalla.