El TC y el hábeas corpus de Cerrón: la justicia constitucional como termómetro de la transición
La decisión del Tribunal Constitucional sobre el prófugo Vladimir Cerrón no es solo un tema judicial: es la prueba de si el TC es funcional a un solo poder o arbitra cuotas entre varios. Las declaraciones de Marianella Ledesma le dan contexto a una resolución que llega en pleno cambio de gobierno.
Por Qhawaq
El TC que todos querían tener de su lado
En mayo de 2022, el Congreso eligió a los seis magistrados actuales del Tribunal Constitucional sin debate previo. La votación reveló una geometría política compleja: Helder Domínguez Haro, hoy presidente del TC, recibió 16 votos a favor de la bancada de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, y solo 6 en contra La República. El magistrado que hoy preside el tribunal que acaba de resolver el hábeas corpus del prófugo llegó al cargo con el respaldo decisivo de los propios congresistas del investigado.
No fue el único. Luz Pacheco Zerga, quien en marzo de este año dejó al voto el recurso, obtuvo 13 votos de Perú Libre La República. La paradoja es evidente: un TC al que su expresidenta Marianella Ledesma calificó de complaciente con el fujimorismo y cuyos magistrados, dijo, "han sido elegidos por ellos" La República está compuesto también por jueces viabilizados por el partido del investigado. La captura no tiene un solo dueño.
El péndulo de las grandes decisiones
El editorial de La República lo llamó "el ping pong del TC y el fujimorismo" La República. En octubre de 2022, el pleno presidido por Francisco Morales Saravia permitió que el Congreso aprobara leyes con impacto en el gasto público. El fujimorismo recogió esa pelota: entre 2021 y 2025 el Parlamento aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, 101 de ellas por insistencia, con un costo anual superior a los S/36,700 millones, equivalentes al 3% del PBI La República. Esta misma semana, el mismo TC, con el mismo Morales Saravia firmando, cerró esa puerta mediante el expediente 00018-2023-PI/TC.
Ese patrón de abrir y cerrar según el viento político es el que hoy se pone a prueba con Cerrón. Según fuentes periodísticas, el fallo del TC, aún no publicado oficialmente, sería favorable al fundador de Perú Libre y anularía la prisión preventiva de 24 meses por el caso Dinámicos del Centro CanalB. De confirmarse, el TC habrá derribado las tres órdenes de restricción que pesaban sobre él: primero el caso Aeródromo Wanka en diciembre de 2024, luego la condena por negociación incompatible en marzo de 2025, y ahora esta La República.
La justicia que le llega al ciudadano
Para el peruano de a pie, esta historia se traduce en una verdad incómoda: la justicia constitucional, el último dique contra el abuso del poder, se percibe como un espacio de transacciones donde los fallos dependen de quién colocó a quién en el cargo. Cuando un prófugo con más de dos años en la clandestinidad La República puede ver anuladas todas sus órdenes de captura por un tribunal acusado de servir a su adversario político, el mensaje que queda es claro: el sistema no protege derechos, arbitra cuotas de poder.
La transición hacia el gobierno de Keiko Fujimori arranca con un TC que ya le abrió al Congreso la puerta para aprobar leyes con un costo fiscal superior a los S/36,700 millones anuales y que ahora, en sus últimas horas bajo el actual Congreso, podría devolverle a las calles a uno de sus más feroces opositores. Que ambas cosas hayan pasado por el mismo tribunal en el mismo período no revela independencia: revela un árbitro que cobra por igual a los dos equipos. Y el ciudadano, mientras tanto, aprende una lección que ninguna constitución escrita puede borrar: aquí la justicia no es ciega; sabe perfectamente a quién le debe el cargo.