El mapa de conflictos mineros que hereda Keiko: inversión récord, tensión social

La paradoja del auge minero: inversión récord y conflictos que no ceden

La minería peruana atraviesa una contradicción de fondo. La inversión minera alcanzó US$6,248 millones en 2025 y en lo que va de 2026 ya acumula US$1,500 millones, impulsada por los altos precios internacionales del cobre Gestión. La cartera de proyectos suma 67 iniciativas valorizadas en US$64,000 millones. Pero la otra cara de la moneda la muestra la Defensoría del Pueblo: a marzo de 2026 hay 193 conflictos sociales en el país, de los cuales 98 (el 50.8%) son socioambientales y, de estos últimos, el 33.7% está vinculado directamente a la actividad minera Defensoría. Inversión y conflictividad crecen en paralelo.

El sur que no la votó: el epicentro minero donde Keiko es más débil

La paradoja territorial es el primer gran desafío político para el nuevo gobierno. Según el Observatorio de Conflictos Mineros, el 30.5% de los conflictos sociales se concentra en la macrorregión sur Gestión, la misma zona donde Keiko Fujimori sufrió sus derrotas más contundentes en segunda vuelta: en Puno perdió por más de 516,000 votos, en Cusco por 429,000 y en Arequipa por casi 250,000 RPP. Son regiones con proyectos emblemáticos: Tía María, en el valle de Tambo (Arequipa), que ya empezó a ejecutarse, o Río Blanco en Piura, resistido por las comunidades campesinas de la sierra piurana Gestión. Gobernar la minería desde un mandato que en el sur fue débil obliga a algo más que decretos: requiere construir una legitimidad que las urnas no le dieron.

Destrabar sin romper: el shock desregulatorio frente a la consulta previa

Fuerza Popular ha sido explícito sobre su hoja de ruta: activar los US$64,000 millones en proyectos mineros, aplicar el silencio administrativo positivo a los estudios de impacto ambiental, crear una ventanilla única digital con plazos vinculantes y ejecutar un "shock desregulatorio" pidiendo facultades al Congreso Gestión. La apuesta es comprensible: solo 2 millones de las 22 millones de hectáreas concesionadas están en actividad y apenas el 1% de los titulares mineros maneja más de la mitad del terreno Gestión. Pero el atajo regulatorio tiene un límite jurídico y político: el Tribunal Constitucional, en fallo del 30 de junio de 2025, determinó que el otorgamiento de concesiones mineras no obliga per se a la consulta previa, pero precisó que esta se activa en las etapas de exploración y explotación Proactivo. Acelerar proyectos sin un andamiaje de diálogo genuino no es eficiencia: es aplazar el conflicto, no resolverlo.

Lo que está en juego para el ciudadano: agua, canon y orden

El debate minero no es un asunto de tecnócratas. Cuando un proyecto se impone sin consulta, el primer afectado es el agricultor que ve amenazada su fuente de agua, como ya ocurre en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Marañón, en Amazonas, donde la minería ilegal alimenta la conflictividad Gestión. Pero cuando un proyecto no se ejecuta por trabas burocráticas o ausencia del Estado, el que pierde es el ciudadano que deja de recibir el canon minero para su hospital o su carretera. Marco Vinelli, coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, planteó que "si la población pide que primero [haya] inversiones de agua, se realizarán primero" Gestión. Esa promesa es la clave de todo: un Estado que acompaña, que llega antes que la retroexcavadora, que no se sienta en Lima mientras la tensión crece en el territorio. Si el shock desregulatorio no se equilibra con un shock de presencia estatal y diálogo, la próxima crisis minera no será noticia de portada: será un corte de carretera que le impida llegar a su trabajo o el alza del precio de los alimentos en su mercado.