El déficit que amenaza las ERM: el JNE pide S/261 millones y la transición no responde

El reloj corre más rápido que la burocracia

A 79 días de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, el sistema electoral peruano arrastra un déficit de S/261.6 millones que pone en riesgo la organización de los comicios. El dato lo reveló el 16 de julio Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), apenas dos días después de que el Congreso aprobara un crédito suplementario por S/9,596 millones que, según sus promotores, incluía financiamiento para los organismos electorales.

Lo que se necesita y lo que se tiene

El sistema electoral, JNE, ONPE y RENIEC, calculó que necesita S/589.52 millones para organizar las ERM 2026. El crédito suplementario aprobado por la Comisión Permanente el 14 de julio apenas considera S/325 millones adicionales para ese rubro. La diferencia, S/261.6 millones, equivalente a cerca del 44% de lo requerido, quedó sin cubrir.

El desglose es elocuente: al JNE le faltan S/28 millones, a la ONPE S/183 millones y el RENIEC no ha recibido ni un sol adicional, pese a haber solicitado S/52.8 millones. Sin esos fondos, advierte el RENIEC, peligran la impresión del DNI, la actualización del padrón electoral, los centros MAC e incluso las campañas itinerantes de documentación en zonas rurales. Es decir, el derecho a la identidad, la puerta de entrada al voto, está en la cuerda floja.

La disputa de las cifras

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió el 8 de julio que los organismos electorales disponen de S/1,085 millones sin ejecutar, de un presupuesto total de S/2,271 millones asignados para procesos electorales en 2026. Según el viceministro de Hacienda, Armando Calderón, esos saldos más los S/325 millones del crédito suplementario serían suficientes para llegar al 4 de octubre sin contratiempos. Pero el JNE sostiene que esa contabilidad confunde saldos contables con recursos efectivamente disponibles para las ERM: no todo el presupuesto no ejecutado está libre ni puede reasignarse con la velocidad que exige el calendario electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, fue categórico el 7 de julio: "No podemos esperar el ingreso del siguiente gobierno, el tiempo se nos acaba". Sus palabras, a 88 días de la votación, pesan hoy el doble.

La transición y el reloj electoral

El verdadero nudo no es solo presupuestal: es político. La autógrafa del crédito suplementario tiene un plazo de 15 días para su promulgación. Ese plazo vence en los días inmediatamente posteriores al 28 de julio, fecha del cambio de mando. Si el presidente saliente, José María Balcázar, no la promulga, la decisión recaerá sobre el nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

La presidenta electa designó un equipo de transferencia de 69 personas para recibir las riendas de cada ministerio. El reloj electoral, sin embargo, no espera a que la nueva administración se instale.

El ciudadano que espera

Detrás de los números hay 91 jurados electorales especiales ya instalados, cerca de 100,000 candidatos, más de 13,000 cargos en disputa y casi 1,900 elecciones distintas, una por cada distrito, provincia y región del país. Si el presupuesto no llega a tiempo, lo que colapsa no es una oficina en Lima: es la capacidad de fiscalizar el voto en Condorcanqui, de imprimir las cédulas para Puno, de garantizar que un poblador de Tayacaja tenga su DNI el día de la elección.

Un proceso electoral desfinanciado no se suspende: se degrada. Y una elección degradada produce autoridades frágiles, propensas a la impugnación y a la captura. El costo de ese déficit no se mide en millones: se mide en la confianza del ciudadano en que su voto vale.