50,000 denuncias de extorsión y solo 700 condenas: la radiografía de la impunidad

Entre enero de 2024 y abril de 2026, el Perú registró 53,958 denuncias por extorsión. En ese mismo lapso, el Poder Judicial emitió 708 condenas. La aritmética es brutal: una condena por cada 76 denuncias, una tasa de efectividad del 1.3% RPP. Algo en el sistema penal peruano no está funcionando, y no se trata solo de falta de patrulleros.

La explicación más cómoda, y la más repetida, es que la Policía está sobrecargada y sin logística. Es cierto, pero insuficiente. Si uno observa la cadena completa, descubre que la extorsión es un delito diseñado para evadir el sistema penal en cada uno de sus eslabones.

Primer eslabón: la denuncia. El Ministerio de Justicia publicó en 2025 el estudio Dinero y amenaza, el primer diagnóstico estatal sobre el proceso extorsivo en el Perú. El documento revela que las víctimas enfrentan un dilema previo a cualquier investigación: callar y pagar, o denunciar y arriesgar la vida MINJUS. Expertos estiman que solo entre el 25% y el 30% de los afectados acude a las autoridades La República. El resto, transportistas, comerciantes, pequeños empresarios, convive con la amenaza en silencio. El resultado es una cifra negra que vuelve invisible la dimensión real del problema.

Segundo eslabón: la prueba. La extorsión contemporánea opera desde un teléfono celular, muchas veces desde el interior de un penal, mediante aplicaciones de pago que dificultan el rastreo La República. Probar el vínculo entre la amenaza, el número telefónico, la cuenta bancaria y el autor material exige pericias digitales, allanamientos y colaboración de entidades financieras. La Fiscalía, con recursos limitados, prioriza los casos con mayor visibilidad mediática o con víctimas mortales.

Tercer eslabón: la condena. Aun si la investigación llega a juicio, el estándar probatorio es alto y las demoras procesales desalientan a las víctimas. El caso de Jorge Ríos, un chofer de 21 años asesinado en Comas en septiembre de 2024 por demorarse en pagar un cupo diario de siete soles, es la excepción que confirma la regla: hubo cadena perpetua porque la investigación logró reunir actas de intervención, pericias balísticas, análisis digital forense y testimonios convergentes La República. Para la inmensa mayoría de las denuncias, ese despliegue probatorio simplemente no ocurre.

El Congreso ha movido algunas piezas. La Comisión de Constitución aprobó en 2025 un dictamen que amplía la detención preliminar hasta 15 días en casos de extorsión y sicariato Diario Constitucional. También se presentó el proyecto 12984/2025-CR para castigar con hasta 25 años de cárcel a quien preste cuentas bancarias a extorsionadores e imponer identificación biométrica en billeteras digitales LP Derecho. Son avances necesarios pero insuficientes si no se ataca el núcleo del problema: la extorsión prospera porque denunciar sin protección efectiva de testigos es suicida, y porque la Fiscalía carece de capacidades técnicas desplegadas en todo el territorio.

Mientras tanto, la realidad sigue su curso. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, el transporte público de Lima y Callao acumuló 125 atentados vinculados a extorsión, con 93 fallecidos y 76 lesionados La República. El 83% de los limeños se siente inseguro en el transporte público El Comercio. Las denuncias pasaron de un promedio de 323 al mes en 2019 a 2,264 en 2025, siete veces más El Comercio.

La extorsión no es un delito de facinerosos aislados: es una industria criminal con bajo riesgo penal. Reducir la brecha entre denuncias y condenas exige algo más que endurecer penas: exige un sistema que proteja al denunciante, investigue con inteligencia y sancione con oportunidad. Hoy, las 708 condenas en 28 meses son la prueba de que el Estado peruano aún no ha entendido a qué se enfrenta.