Dos velocidades, un mismo país: la maquinaria electoral que no espera al presidente
Mientras el Perú sigue sin presidente proclamado 15 días después de la segunda vuelta, la ONPE ya aprobó las cédulas para las elecciones regionales y municipales de octubre. El sistema electoral peruano revela así un blindaje institucional de capas independientes que pocos países tienen. Pero también expone paradojas difíciles de ignorar.
Por Qhawaq
Hoy, lunes 22 de junio de 2026, el Perú cumplió ayer dos semanas sin saber quién ocupará la Presidencia el 28 de julio. La ONPE tiene contabilizado el 99.688% de las actas: Keiko Fujimori suma 9,188,410 votos (50.111%) y Roberto Sánchez 9,147,710 (49.889%). Las separan 40,700 votos en una de las elecciones más ajustadas de la historia peruana. Pero mientras la Presidencia espera, otra maquinaria electoral ya está en marcha: la de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.
El 20 de junio la ONPE aprobó dos resoluciones que hablan de un sistema que no se detiene por nada. La Resolución Jefatural n.° 000096-2026-JN/ONPE presentó los diseños oficiales de cuatro cédulas de sufragio diferenciadas por color: amarillo para gobernador y vicegobernador regional, verde claro para consejero regional, rosado para alcalde provincial y celeste para alcalde distrital. Cada cédula mide 38 por 21 centímetros como mínimo y se extiende hasta un máximo de 52 centímetros según la cantidad de organizaciones políticas participantes; todas incorporan un código de barras como mecanismo de control de seguridad. Los partidos políticos figuran en la parte superior y los movimientos regionales en la inferior, según el sorteo público del 10 de junio.
Ese mismo día, la Resolución Jefatural n.° 000097-2026 creó 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), una menos que las 126 de las elecciones generales porque no hay circunscripción de peruanos en el extranjero para estos comicios subnacionales. Esas 125 ODPE gestionarán la elección de 13,148 autoridades, gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, regidores, para un padrón de 26,266,645 electores.
El calendario no concede pausas. El 19 de junio venció el plazo de inscripción de candidaturas y se cerró el Registro de Organizaciones Políticas. El 20 de junio se aprobaron cédulas y se crearon las ODPE. El 26 de julio será el sorteo de miembros de mesa. El 5 de agosto se publicarán las listas admitidas. El 4 de octubre se vota. Todo avanza como si la Presidencia ya estuviera definida.
Del otro lado del espejo institucional, la realidad es distinta. El JNE anunció desde el 5 de junio que la proclamación presidencial no llegará sino hasta mediados de julio. El mecanismo de recuento de votos y las actas observadas que deben resolverse una a una frenan el proceso: al 9 de junio más de 1,000 actas permanecían en esa condición en los Jurados Electorales Especiales. Para dar una idea del volumen que maneja el sistema, en la primera vuelta de abril se registraron 68,520 actas observadas, casi el doble que en 2021. De las 92,766 actas totales de esta segunda vuelta, 92,477 ya fueron contabilizadas y 289 permanecen a la espera de envío a los JEE. Las apelaciones de Juntos por el Perú para anular de forma masiva mesas de votación en Lima y América fueron declaradas infundadas el 19 de junio por el Pleno del JNE, pero el camino hacia la proclamación sigue empedrado de actas por resolver.
Y sin embargo, el mismo 19 de junio en que el JNE rechazaba las nulidades, otra ceremonia ocurría en la sede de Jesús María: la proclamación de senadores, diputados y parlamentarios andinos. El Poder Legislativo ya tiene nombres, bancadas y escaños definidos. El Poder Ejecutivo, no. Dos ramas del mismo Estado elegidas el mismo año, en procesos paralelos, procesándose a velocidades distintas dentro del mismo sistema.
Esa coexistencia de ritmos tiene algo de admirable y algo de inquietante. Lo admirable es la independencia con que opera la capa electoral subnacional: que la ONPE publique diseños de cédulas y cree 125 oficinas sin esperar a que se defina la Presidencia habla de una burocracia electoral que funciona con autonomía real, más allá de las urgencias del poder. No es frecuente en América Latina encontrar un calendario electoral de dos niveles corriendo simultáneamente sin que la incertidumbre del nivel superior contamine al inferior.
Pero también hay una paradoja difícil de pasar por alto. La Ley 32657, promulgada el 15 de junio, redujo del 50% al 30% el mínimo de regiones donde un partido debe presentar candidatos en las ERM para no perder su inscripción. Fuerza Popular compite en 10 de las 25 circunscripciones regionales. Con la regla anterior necesitaba 13 y quedaba fuera. Con la nueva regla le bastan 8 y se salva con margen. El cambio se promulgó apenas cuatro días antes del cierre del ROP, cuando las candidaturas ya estaban definidas. La candidata que está a un paso de Palacio se beneficia de una reforma que su propio Congreso impulsó para las elecciones que ocurrirán bajo su eventual gobierno.
Nada de esto es ilegal. Pero es incómodo. Porque revela que el blindaje institucional peruano no es uniforme: hay capas que operan con una autonomía casi ejemplar, como la ONPE que aprueba cédulas y organiza elecciones sin distraerse, y hay capas donde las reglas se ajustan cuando el marcador ya está en el tablero. La pregunta no es si el sistema resiste. La pregunta es si todas sus capas resisten con la misma integridad.