FFAA en las cárceles: el primer choque dentro del oficialismo por la política de seguridad

Una fisura que nadie esperaba en el bloque oficialista

Un día después de que la presidenta Keiko Fujimori anunciara el despliegue de las Fuerzas Armadas en calles y transporte público, el propio vocero del partido de gobierno en el Senado puso el freno. Flavio Figalo, senador y portavoz del Partido de Buen Gobierno, declaró el martes 4 de agosto que su agrupación rechaza poner a los militares a controlar el ingreso a las cárceles: "No podemos tener a las Fuerzas Armadas controlando el ingreso a las cárceles, no es su función, no tienen la experiencia ni el personal preparado para ello, pueden realizar otras labores como en Pataz y hay que ver con cuidado los resultados que se produce", dijo en el programa Las cosas como son de RPP. La seguridad, presentada hasta ahora como la bandera unificadora del nuevo gobierno, muestra su primera grieta visible.

Lo que el Ejecutivo pide y lo que Figalo señala

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para solicitar al Congreso facultades legislativas por 120 días. Entre las materias, destaca la propuesta de que las Fuerzas Armadas asuman, "de manera temporal y excepcional, la administración y el control de los establecimientos penitenciarios", según confirmó Actualidad Penal. Figalo no se opone a toda colaboración militar: acepta que actúen como "apoyo" a la Policía Nacional. Pero advierte que el Ejecutivo debe precisar los alcances y recuerda que las FFAA tienen otras urgencias, como la inminente llegada del Fenómeno de El Niño. "No es que tengamos unas Fuerzas Armadas enormes con capacidades ilimitadas", subrayó en RPP.

La cárcel que colapsó antes de que llegaran los militares

El verdadero problema no está en quién custodia la puerta, sino en lo que ocurre adentro. Según datos de EC Data difundidos por Canal N, el sistema penitenciario peruano fue diseñado para albergar a poco más de 41,000 personas, pero hoy contiene más de 103,000 internos: una sobrepoblación del 147.44%, la más alta en al menos 15 años. De los 69 centros penitenciarios del país, 50 están hacinados. El 78% de los reclusos son reos primarios. Y desde 2010 solo se han construido dos penales.

Mientras tanto, el déficit de agentes del INPE no ha dejado de crecer, lo que facilita el ingreso de celulares, routers satelitales y otros objetos prohibidos. Figalo lo dijo sin rodeos: la Policía está "profundamente comprometida con la corrupción" y hace falta una reforma policial. Poner soldados en las garitas de control sin atender el colapso estructural del sistema penitenciario equivale a cambiar el portero de un edificio mientras los cimientos se agrietan.

Entre la emergencia y la improvisación

La discusión no es táctica: revela dos maneras opuestas de entender el uso de la fuerza del Estado. De un lado, el Ejecutivo apuesta por una presencia militar visible que transmita autoridad en las calles y en los penales. Del otro, el propio vocero oficialista advierte que los militares no están formados para funciones penitenciarias y que desviarlos de sus tareas originales, defensa nacional y respuesta ante desastres, puede generar más problemas de los que pretende resolver.

Lo que está en juego para el ciudadano

Esta fisura no es un asunto de siglas ni de internas parlamentarias. Cuando el oficialismo se divide en su primera prueba de fuego en seguridad, el mensaje que recibe el ciudadano es que la política que le prometieron protegerlo ni siquiera convence a quienes deben defenderla en el Congreso. La seguridad no se construye con anuncios ni con soldados en la puerta de una cárcel que ya estaba colapsada. Se construye con inteligencia penitenciaria, con fiscales que investiguen sin miedo y con un sistema que en lugar de hacinarte y abandonarte, te clasifique y te reinserte. Sin eso, cualquier despliegue militar será solo una postal de autoridad, no protección real.