La inseguridad como prioridad nacional: el mandato que Keiko no puede delegar a los municipios

La demanda que la calle ya emitió y el gobierno no puede esquivar

El 59% de los encuestados por el IEP señaló que la inseguridad debe ser la prioridad absoluta del gobierno de Keiko Fujimori. En Lima Metropolitana, esa cifra sube al 71%. La misma encuesta, con un margen de error de ±2.8% y 95% de confianza, mostró que la inseguridad casi duplica a las demás urgencias: educación (30%), salud (28%), corrupción (27%) y economía (27%) IEP, La República.

El reclamo tiene fundamento. El corte más reciente disponible al inicio del nuevo gobierno, con fecha del 15 de junio, mostraba 959 homicidios acumulados en el año según el Sinadef, y el 9 de junio fue el segundo día más violento, con 12 asesinatos en 24 horas La República. Apenas una semana después de asumir, la presidenta ya tiene sobre la mesa una propuesta que gana tracción: la Policía Municipal armada.

La tentación municipal: armar sin reformar

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, planteó la creación de una Policía Municipal armada en reunión con Keiko Fujimori y declaró que ella «lo ha visto con buenos ojos» RPP. La propuesta incluye una formación de dos años para los agentes, su reclutamiento inicial entre licenciados de las Fuerzas Armadas y un zar nacional de seguridad que articule a todas las instituciones Diario Correo.

El instinto es comprensible: la PNP no da abasto y los municipios están en la primera línea. Pero la experiencia latinoamericana recomienda cautela. En México, donde existen más de 1,800 corporaciones municipales de policía, el modelo ha sido calificado como «estructuralmente inviable»: el 90% de los delitos del fuero común ocurre en el ámbito municipal, pero menos del 30% de los cuerpos policiales locales cuenta con condiciones mínimas de profesionalización Revista IMX. Sin recursos etiquetados, sin evaluación real y con mandos fragmentados, la seguridad municipal mexicana se convirtió en «el eslabón más frágil del sistema» Revista IMX. El riesgo peruano es replicar esa fragmentación sin haber resuelto antes lo básico.

La deuda estructural que no se discute

Mientras la atención se concentra en la Policía Municipal, la reforma de la PNP avanza a dos velocidades: una normativa y otra real. En noviembre de 2025, el gobierno aprobó un nuevo Reglamento General que creó la Oficina de Integridad Institucional, la Dirección de Derechos Humanos y reorganizó la investigación criminal Gob.pe. En paralelo, se ejecutó el pase al retiro de 1,456 efectivos, 570 de ellos por actos de corrupción Exitosa Noticias.

Pero la velocidad real es otra. En lo que va de 2026, de 671 solicitudes de expulsión de malos elementos de la PNP, solo se han resuelto 100; es decir, aproximadamente el 85% de los casos sigue atascado La República. La depuración no puede ser un anuncio puntual: debe ser un proceso continuo, con control civil externo y una carrera policial que premie la integridad, no la antigüedad.

Lo que está en juego para el ciudadano

El debate entre Policía Municipal y reforma de la PNP no es técnico: define qué tipo de seguridad tendrá el ciudadano en su cuadra, en su ruta al trabajo, en el colegio de sus hijos. Una policía municipal sin estándares uniformes, sin control externo y sin articulación real con la PNP no reduce la violencia: la dispersa. Y dispersar la respuesta es, en la práctica, diluir la responsabilidad del gobierno central frente a un problema que casi seis de cada diez peruanos colocaron como la prioridad número uno del país en la encuesta.

El mandato de la calle no es un cheque en blanco para cualquier solución: es una exigencia de resultados. Los resultados no se miden en nuevos uniformes ni en decretos de creación, sino en la capacidad del Estado de garantizar que nadie tenga miedo al salir de su casa. César Astudillo, al frente del Ministerio del Interior, enfrenta la primera decisión de fondo: reformar la policía que ya existe o multiplicar las que todavía no funcionan.