Operativo PUMA en Loreto: cuando el Estado combate el narcotráfico dejando un niño muerto

Dos versiones, una sola tragedia

El 17 de julio de 2026, un operativo antidrogas del Comando Unificado PUMA en la comunidad nativa de Bellavista Callarú, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla, terminó con un menor de 12 años fallecido, viviendas incendiadas y al menos dos civiles heridos, según denunció el alcalde del centro poblado, Desiderio Flores. Los pobladores reportaron además la desaparición de tres menores tras la intervención.

La versión oficial es distinta. El Comando Unificado PUMA sostiene que sus agentes fueron atacados a balazos desde embarcaciones, que respondieron al fuego para proteger su integridad y que, tras el enfrentamiento, observaron una embarcación con personas heridas, entre ellas un menor, que se retiraron del lugar sin recibir atención médica. Las fuerzas del orden destruyeron laboratorios clandestinos e incautaron combustibles e insumos químicos, con pérdidas estimadas en 28,479 dólares para las organizaciones de narcotráfico.

Dos narrativas irreconciliables. Pero un hecho es innegable: hay un niño muerto, una comunidad aterrada y ningún protocolo público que permita saber si el uso de la fuerza fue proporcionado o no. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo fueron convocadas por los propios pobladores, no por el Estado.

Comunidades indígenas: atrapadas entre el narco y la bota militar

Bellavista Callarú no es un caso aislado. Un informe de Amazon Watch, el Instituto del Bien Común y Aidesep reveló en 2025 que el narcotráfico ya penetra 274 comunidades indígenas en la Amazonía peruana, aproximadamente el 10% de todas las comunidades amazónicas registradas. Desde 2020, 27 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados en ocho regiones amazónicas; de ellos, 17 fueron atribuidos directamente al narcotráfico.

La misma provincia donde ocurrió el operativo, Mariscal Ramón Castilla, es una de las zonas con mayor presencia de cultivos de coca en Loreto, según el mismo informe. Las comunidades están acorraladas: de un lado, el crimen organizado que coopta territorios y amenaza a quien se resiste; del otro, un Estado que interviene con fuerza militar, sin mecanismos visibles de rendición de cuentas y sin protocolos de protección civil auditables.

El resultado es una doble desprotección. El narcotráfico avanza y el Estado responde con operativos que, incluso cuando logran destruir laboratorios e insumos, dejan víctimas colaterales que nadie contabiliza ni repara.

Un modelo sin control civil que el nuevo gobierno no puede ignorar

El operativo PUMA ocurre en plena transición de gobierno. El nuevo Ejecutivo recibirá un modelo de interdicción antidrogas en la Amazonía que opera bajo lógica militar, con escasa supervisión del Ministerio Público y sin estándares públicos de uso de la fuerza en zonas con población civil.

Esto no es un llamado a la inacción frente al narcotráfico. Es una advertencia sobre el costo de combatirlo sin reglas claras. Cada operativo que termina con un menor fallecido y viviendas quemadas no solo destruye la confianza de las comunidades en el Estado: también alimenta el discurso de quienes justifican la presencia del narco como única fuente de ingreso y protección local.

Para un ciudadano peruano, lo que ocurre en Bellavista Callarú no es una noticia lejana. Es la evidencia de que el Estado puede irrumpir en una comunidad, incendiar casas, matar a un niño y marcharse sin que nadie asuma responsabilidad. Si ese es el modelo, el próximo operativo no será distinto. El nuevo gobierno tiene la oportunidad, y la obligación, de exigir protocolos, transparencia y control civil antes de que la brutalidad se normalice como política de Estado en la Amazonía.