Municipios que no ejecutan prevención: la deuda con El Niño que la transición no audita
Mientras el gobierno central anuncia S/4,200 millones y declara 796 distritos en emergencia, hay municipios de Ica con 0% de ejecución y Puno apenas llega al 17%. La doble transición política no está fiscalizando esta falla de accountability local, y el ciudadano es quien queda a la intemperie.
Por Qhawaq
El dinero está sobre la mesa, pero no llega al terreno
El Gobierno de transición ha asignado más de S/4,200 millones para enfrentar el Fenómeno El Niño 2026-2027 y ha declarado 796 distritos en estado de emergencia Forbes. Las grandes cifras dan una impresión de control: S/1,350 millones ejecutados por los tres niveles de gobierno al 6 de julio y otros S/1,171 millones a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Pero detrás de esos números nacionales hay una realidad local que desmiente la preparación: cuando el dinero llega al municipio, con demasiada frecuencia se detiene.
Tres municipios de Ica y un cero que debería escandalizar
La Defensoría del Pueblo alertó el 18 de julio que las municipalidades de Sunampe, Santa Cruz y Llipata, en la región Ica, registran una ejecución presupuestal de cero en el programa de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias Diario Correo. No es que hayan gastado poco: no han gastado nada. La Defensoría ya emitió recomendaciones y puso el caso en conocimiento del Indeci, pero el caso apunta a algo más profundo que la desidia: revela municipios sin capacidad técnica para convertir un presupuesto en una obra, una descolmatación o un plan de contingencia.
Puno: 17% de ejecución y 415 mil personas en la línea de riesgo
El panorama en Puno es igual de grave, pero a otra escala. El Gobierno Regional y las municipalidades puneñas ejecutaron apenas el 17% de los recursos asignados en 2026 al Programa Presupuestal 0068, según cifras del MEF difundidas por ComexPerú Los Andes. Mientras tanto, 415,772 personas en 29 distritos de Puno se encuentran en riesgo alto o muy alto de sufrir inundaciones, de acuerdo con el Cenepred. Piura, otra región históricamente golpeada, apenas alcanza el 33% de ejecución al cierre del primer semestre, con 1.7 millones de personas expuestas La Voz Perú.
El problema no es la plata: es la capacidad de gastarla
La raíz del desfase no está en la falta de recursos. En 2025, la inversión pública en prevención ascendió a S/778 millones, de los cuales el 45% se asignó directamente a las municipalidades La Voz Perú. El dinero llega. Lo que falla es la capacidad de gestión local para planificar, contratar y ejecutar. En Puno, el 65.5% de las municipalidades requiere capacitación en planes de prevención y el 68.2% en evaluación del riesgo de desastres, según el Registro Nacional de Municipalidades del INEI Los Andes. En Piura las cifras son aún peores: 72.3% y 78.5%, respectivamente La Voz Perú. La Defensoría del Pueblo ya había advertido en febrero de 2026 que el presupuesto del PP0068 se redujo en más de S/135 millones entre 2024 y 2025, y que regiones como la propia Piura, San Martín, Lambayeque y Moquegua no alcanzaron el 80% de ejecución en 2025 Informe Defensorial N° 270. El patrón se repite año tras año.
Una transición que mira al centro y pierde de vista el territorio
"El país llega mejor preparado que en 2017, pero aún no está listo para enfrentar un evento extremo", advirtió Apoyo Consultoría en su diagnóstico de julio El Comercio. La ventana efectiva para actuar se cierra antes de noviembre, y la doble transición, gobierno nacional el 28 de julio, autoridades subnacionales el 1 de enero, reduce aún más el margen. Sin embargo, el foco de la transición está en las grandes cifras y en las obras de la ANIN, no en auditar si el alcalde de Sunampe o el gobernador de Puno están convirtiendo el presupuesto en protección real. El 21 de julio, el Ejecutivo transfirió S/14.9 millones a 14 municipios para prevención Gob.pe. La pregunta que nadie está haciendo es cuántos de esos municipios lograrán ejecutarlos antes de que llegue la emergencia.
Lo que está en juego no es un indicador: es la vida del ciudadano
Cuando un municipio no ejecuta su presupuesto de prevención, no está incumpliendo una meta administrativa: está decidiendo, por omisión, que sus vecinos enfrenten la inundación sin defensas ribereñas, sin sistemas de alerta y sin un plan de evacuación. Cada sol no gastado en prevención se traduce en varias veces ese monto en reconstrucción, y en un costo humano que ningún presupuesto repara. La transición tiene la obligación de auditar no solo cuánto se asigna, sino cuánto se ejecuta y dónde. Porque el Fenómeno El Niño no va a esperar a que los municipios aprendan a gastar.