Facultades por partes: el Ejecutivo negocia su delegación comisión por comisión

Una delegación que ya no se vota, se remata por piezas

El pedido de facultades dejó de ser un paquete y se convirtió en una subasta comisión por comisión. El 28 de agosto el Ejecutivo remitió el Proyecto de Ley 00098-2026-2031-CD para legislar por 120 días en ocho materias y 66 habilitaciones. Ese bloque ya no existe como tal: siete de las doce comisiones que deben pronunciarse en la Cámara de Diputados recomendaron rechazarlo, solo dos lo respaldan y tres, entre ellas Economía, aún no definen. La Comisión de Defensa del Consumidor acaba de sumarse al rechazo con nueve votos más el dirimente de su presidente, frente a nueve del oficialismo. Economía postergó su votación para el 16 de setiembre; si su informe se aprueba, serán ocho comisiones en contra.

Un respaldo que llega con tijeras

La señal más reveladora no es el rechazo, sino el respaldo condicionado. El Partido Cívico Obras dice que solo acompañará seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño; a cambio, el premier Galarreta se comprometió a detallar punto por punto cuáles de las 66 medidas corresponden a esas dos materias. Es la confesión de que el propio Ejecutivo debe desmenuzar su pedido para salvar una fracción. No es el único: Renovación Popular ya adelantó un respaldo selectivo y una diputada de esa bancada propone aprobar "únicamente" seguridad y El Niño. La seguridad ciudadana representa apenas 12 de las 66 habilitaciones; el resto, del empleo a la vivienda o al sistema financiero, queda fuera de la zona que los aliados quieren tocar.

La aritmética que el Gobierno no puede disimular

El problema no es el reglamento: es que el Ejecutivo llega sin bloque propio. La delegación se otorga mediante ley autoritativa, una ley ordinaria que no exige la mayoría calificada que la Constitución reserva para otros supuestos. El reto son los números, en una Cámara de Diputados de 130 escaños y un Senado de 60. En Defensa del Consumidor, el oficialismo reunió nueve votos y perdió por el dirimente. En Economía, la oposición suma doce votos frente a ocho de Fuerza Popular y Renovación Popular. La presidenta de Constitución adelantó que la evaluación del predictamen recién será después de la Semana de Representación, del 21 al 25 de setiembre, pese a que el reglamento fija un plazo de quince días hábiles improrrogables.

Lo que se le juega al ciudadano

Aceptar ese recorte no es pragmatismo: es admitir, en acta, que el Gobierno no tiene mayoría ni un plan de prioridades defendible. Para el ciudadano, la consecuencia es concreta. Si la negociación termina en dos materias, habrá decretos sobre seguridad y sobre el Fenómeno El Niño, pero seguirán esperando las normas que tocan el bolsillo y la vida diaria: empleo, vivienda, micro y pequeñas empresas, simplificación de trámites. Si termina en nada, quedarán meses de debate consumidos en una subasta sin producto. La delegación de facultades debería acelerar lo urgente con claridad; convertida en remate por piezas, lo que se acelera es la sospecha de que el Ejecutivo negocia respaldo, no un plan.