Vacancia que también cierra el Congreso: el incentivo que ordena la política

El incentivo que hoy premia tumbar presidentes

La vacancia por incapacidad moral es, hoy, un mecanismo de bajo costo para el Congreso: el Parlamento que saca al presidente se queda, y el siguiente mandatario debe negociar con los mismos votos que tumbaron al anterior. El resultado se cuenta en presidentes: nueve entre 2016 y 2026, de Pedro Pablo Kuczynski a Keiko Fujimori, pasando por Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, según el proyecto citado por La República.

Esa rotación no es un dato de vitrina. La misma iniciativa cita a la OCDE para recordar que el país tuvo 16 ministros de Educación entre 2016 y 2025 y que el 46% de los funcionarios públicos trabaja con contratos de corta duración. Cada presidente nuevo trae gabinete nuevo, equipos nuevos y prioridades nuevas: el costo lo absorbe la gestión, no el Parlamento que la provoca.

La apuesta de Holguín: que el costo caiga sobre los dos poderes

El diputado César Holguín propone atar la suerte de ambos poderes. Su proyecto de reforma constitucional, que modifica los artículos 113 y 134, haría que la vacancia presidencial por incapacidad moral termine también con el mandato de los 60 senadores y 130 diputados, obligue a quien asuma la Presidencia a convocar de inmediato elecciones generales y fije un plazo de seis meses para los comicios.

El giro es doble. Primero, la reforma solo se activaría si la vacancia se sustenta en hechos de grave y manifiesta deficiencia en la gestión, con dos causales concretas: indicios graves de corrupción o ingobernabilidad persistente. Segundo, cambia la disolución: hoy el artículo 134 permite disolver solo la Cámara de Diputados tras dos censuras o negaciones de confianza, y el Senado sigue en funciones; con la propuesta se iría el Congreso completo. El mensaje es claro: vacar deja de ser gratis.

Lo que corrige y lo que abre

El remedio corrige el incentivo perverso: si la vacancia arrastra al Legislativo, el Parlamento pensará dos veces antes de usar la causal como arma. Pero abre un riesgo simétrico. Grave y manifiesta deficiencia en la gestión puede ser tan elástico como incapacidad moral: la diferencia entre corrupción e ingobernabilidad persistente seguirá dependiendo de la interpretación de una mayoría, ahora con la amenaza de elecciones anticipadas como premio o castigo.

Ese es el punto de chantaje mutuo. Un Congreso que sabe que vacar lo disuelve puede volverse reticente a fiscalizar y producir un presidente blindado; un Ejecutivo que sabe que su caída arrastra al Parlamento gana una herramienta de presión. El costo disciplinario funciona en las dos direcciones.

Además, la propuesta llega firmada por un legislador que acaba de renunciar a la vocería de Ahora Nación por diferencias incompatibles: se opuso al otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo y respaldó la censura del ministro del Interior, posiciones que su bancada no compartió. Es decir, no es todavía un consenso: es una iniciativa individual en plena fragmentación.

El costo real lo paga el ciudadano

Para quien no vive en el hemiciclo, la rotación se siente en servicios que se reinician. Ministros que cambian cada pocos meses, funcionarios con contratos cortos y programas que se congelan son la factura cotidiana de la inestabilidad: menos continuidad en la escuela, en el hospital y en la obra pública. La pregunta de Holguín, bien formulada, es quién paga ese costo. Su respuesta: también el Parlamento. Si eso corrige el abuso o solo traslada el chantaje depende de si la causal queda, por fin, atada a hechos verificables y no al humor de una mayoría.