Concesiones mineras: la frontera social que el nuevo gobierno no puede ignorar

La saturación que ya es récord

El Perú nunca había tenido tanto territorio bajo concesión minera. El informe del primer semestre de 2026 del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) fija la superficie concesionada en 22.67 millones de hectáreas, el 17.6% del territorio nacional. Solo en el último año, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las concesiones crecieron en 2.68 millones de hectáreas. Y la cifra nacional oculta un fenómeno más inquietante: la saturación ya es total en varias regiones. Apurímac pasó en un año de 56.6% a 76.5% de su superficie concesionada; La Libertad alcanzó el 63.1% y Áncash el 55.1%. Lima (48.8%) y Moquegua (48%) están a las puertas de cruzar esa línea. No se trata de casos aislados: es un patrón de ocupación que avanza sin que el Estado haya definido hasta dónde se puede llegar.

El espejismo de la concesión

El dato más revelador del informe no es cuánto se ha concesionado, sino cuánto de eso realmente opera. De los 22.67 millones de hectáreas, apenas alrededor de dos millones registran actividad minera efectiva: exploración, explotación o cierre. Los otros 20 millones de hectáreas son concesiones ociosas, títulos que inmovilizan el suelo sin generar producción, empleo ni regalías. José de Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, lo planteó sin rodeos: el debate no debería centrarse solo en flexibilizar permisos, sino en cómo se gestionan los impactos sociales y ambientales. A esto se suma una concentración extrema: apenas el 1% de los titulares maneja más del 50% de las concesiones. El territorio no se está usando: se está acaparando.

Destrabar sin contener

El gobierno de Keiko Fujimori, que asumió el 28 de julio con el gabinete Galarreta, ha hecho del destrabe de inversiones una de sus banderas en su primera semana de gestión. La cartera de proyectos mineros asciende a 67 iniciativas por US$64,000 millones, y las cifras macroeconómicas acompañan: la inversión minera en 2025 fue de US$6,228 millones, la más alta desde 2015, y el empleo formal del sector llegó a 262,365 puestos, un récord histórico. Pero esos números conviven con otra realidad: los conflictos socioambientales representan el 50.8% de todos los conflictos sociales del país, y el 66% de ellos está vinculado a la minería. El INGEMMET proyecta que en 2026 se superarán los 11,000 petitorios mineros, una cifra sin precedentes. El 45.5% de la inversión se concentra en el sur, justo donde Fuerza Popular obtuvo escaso respaldo electoral. La fórmula es conocida: proyectos que llegan a territorios que no los respaldan, con un Estado que promete acelerar antes que escuchar.

Lo que está en juego

Para un agricultor de Apurímac, tres cuartas partes de su región ya están concesionadas. Eso significa que el agua que riega sus cultivos, la tierra donde pastan sus animales y el subsuelo bajo su comunidad tienen un título minero encima, aunque hoy no haya una sola perforadora a la vista. La concesión no es neutra: condiciona el uso del suelo, desalienta otras actividades productivas y siembra incertidumbre. El OCM advierte que la presión por acelerar sin atender las advertencias socioambientales puede repetir crisis ya vividas. Y la historia peruana reciente tiene un patrón: cuando el Estado corre más rápido que el diálogo, el conflicto no tarda en estallar. La pregunta no es si el Perú necesita minería, la necesita, sino si el gobierno que comienza está dispuesto a trazar la frontera entre lo que se puede concesionar y lo que se debe proteger antes de que la próxima crisis social la trace por la fuerza.