Betssy Chávez y el salvoconducto: la primera prueba de justicia negociada para Keiko

Un favor a la adversaria

Jorge Nieto, presidente del Partido del Buen Gobierno, una agrupación de centroizquierda, le planteó a Keiko Fujimori algo que los dos gobiernos anteriores no le concedieron a Betssy Chávez: el salvoconducto para que viaje a México. "El Perú está en falta en eso", dijo en RPP el 18 de julio, cuando Fujimori todavía era presidenta electa. Diez días después, el 28 de julio, ella juramentó como presidenta para el periodo 2026-2031, con un gabinete encabezado en la PCM por Luis Galarreta. Lo que era una recomendación a la candidata ganadora es hoy una decisión que le corresponde a su gobierno. La escena es inédita: un sector del antikeikismo le pide a su adversaria histórica un gesto que equivale a facilitar la salida de una exprimera ministra condenada por conspiración para la rebelión.

Una condena en apelación

Betssy Chávez Chino fue sentenciada el 27 de noviembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva como coautora del delito de conspiración para la rebelión, por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La condena aún no es firme: está en apelación ante la misma Corte Suprema. Chávez ingresó a la residencia de la embajada de México en Lima antes de que se dictara ese fallo y permanece asilada allí desde noviembre de 2025; México le concedió asilo diplomático y el Perú respondió, ese mismo día, rompiendo relaciones con el gobierno mexicano.

Un caso que ya recorrió la vía judicial

El pedido de salvoconducto no llega virgen a manos del Ejecutivo: ya recorrió la vía judicial y la agotó. El Poder Judicial rechazó el habeas corpus que buscaba forzar la entrega del permiso. En primera instancia, un juzgado constitucional lo desestimó, y la sala superior confirmó el rechazo en doble instancia: la controversia, resolvieron, se situaba "en el ámbito diplomático y político", ajeno a la tutela del habeas corpus. Con ese doble rechazo, el expediente pasó al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre el fondo. Mientras tanto, la decisión política sigue abierta.

La justicia como moneda de reconciliación

La propuesta de Nieto no es jurídica: es política. Al pedirle a Fujimori que otorgue el salvoconducto, le propone que use una facultad del Ejecutivo para resolver el caso de una adversaria ideológica condenada penalmente. El dilema es afilado. Si su gobierno cede, el mensaje será que los casos judiciales pueden negociarse como fichas de reconciliación nacional. Si no cede, se expone a la acusación de revanchismo contra el entorno de Pedro Castillo.

Pero el dilema va más allá de una exprimera ministra. Betssy Chávez no es una perseguida política en el sentido clásico: un tribunal la halló culpable de haber planificado, junto con Castillo, la ruptura del orden constitucional. La diferencia entre un preso de conciencia y una exfuncionaria condenada por conspiración no es un matiz: es la línea que separa la justicia de la impunidad pactada.

Lo que está en juego para el ciudadano

El ciudadano peruano ha visto cómo investigaciones emblemáticas de corrupción se desinflan entre tecnicismos, prescripciones y demoras. Si a ese desgaste se suma la negociación política como atajo, la igualdad ante la ley se vuelve un eslogan sin contenido. En las primeras semanas del gobierno de Keiko Fujimori no se discute solo la suerte de una expremier: se discute si en el Perú de 2026 la justicia penal tiene un precio, y quién está dispuesto a pagarlo.