Nueva Carretera Central: los S/9,596 millones que el Congreso prefirió gastar en otra cosa
El 14 de julio el Congreso aprobó un crédito suplementario de S/9,596 millones sin destinar un sol a la Nueva Carretera Central. Diez días después, un accidente en el kilómetro 108 dejó dos muertos y paralizó la vía más de 16 horas.
Por Qhawaq
La factura que el Congreso sí quiso pagar
El 14 de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un crédito suplementario de S/9,596 millones. Diecisiete votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones La República. El destino de esos recursos es transparente: gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, financiamiento del Plan Mil en salud, incremento de remuneraciones docentes, propinas para cadetes de la Policía, organización de las elecciones regionales y municipales de 2026 y atención de emergencias como el Fenómeno El Niño El Peruano. Casi todo es gasto corriente, subsidio o compromiso electoral inmediato.
Lo que no está en esa lista es igual de revelador: no hay un solo sol para la Nueva Carretera Central.
La carretera que se esfumó en la negociación
La Nueva Carretera Central es el proyecto de infraestructura vial más costoso del país, con una inversión estimada en más de S/30,000 millones La República. Su primera etapa, el Túnel Pariachi, cuesta S/2,537 millones y necesitaba S/600 millones para arrancar obras este 2026. De ese monto, apenas S/190 millones estaban contemplados en la Ley de Presupuesto MTC.
El Ejecutivo incluyó originalmente S/400 millones para la obra en el crédito suplementario. Luego los recortó a S/200 millones en el proyecto de ley remitido al Parlamento. Durante el debate legislativo, ese remanente también desapareció La República. De S/400 millones a cero. La obra más ambiciosa del país simplemente no cabía en una bolsa de S/9,596 millones.
La esperanza del último trimestre: una confesión involuntaria
El ministro de Transportes, Aldo Prieto, declaró que el proyecto podría recibir financiamiento hacia fin de año, cuando las entidades que no ejecuten la totalidad de su presupuesto liberen saldos disponibles. «La dinámica del gasto de las entidades estatales ya es conocida. Generalmente sobre el último trimestre del año se acrecienta, se intensifica y se identifican saldos que, al no tener previsión de ser ejecutados, se pueden redireccionar», explicó La República.
Esa declaración es una radiografía involuntaria de las prioridades fiscales. La carretera no se financia con una decisión política firme, sino con las sobras que otros ministerios no alcanzarán a gastar. Es un proyecto de S/30,000 millones cuya primera piedra depende de la ineficiencia ajena.
El colapso que no espera a diciembre
El 24 de julio, diez días después del crédito suplementario, un semitráiler perdió su contenedor en el kilómetro 108 de la Carretera Central, a la altura de Chicla, en Huarochirí. El bloque cayó sobre dos vehículos y dejó dos personas fallecidas y tres heridas. La vía, la principal conexión entre Lima y la sierra central, permaneció paralizada por más de 16 horas, con kilómetros de congestión en pleno feriado de Fiestas Patrias El Comercio.
Este no es un riesgo futuro. Es una emergencia presente que se repite con cada accidente, cada huaico y cada feriado largo. La Nueva Carretera Central promete reducir el tiempo de viaje entre Lima y La Oroya a cerca de tres horas. Pero esa promesa sigue en papel, mientras la vía actual cobra factura en vidas y horas perdidas.
Lo que significa para quien viaja
Cada vez que el Congreso asigna S/9,596 millones y deja en cero la Nueva Carretera Central, esa decisión no se queda en el hemiciclo. Viaja al kilómetro 108 y se instala en el asfalto agrietado. Se traduce en el transportista que pierde un flete completo porque la vía amaneció cerrada 16 horas. Golpea a la familia que paga el doble por un pasaje de desvío que le alarga el viaje medio día. Y alcanza al paciente derivado que no llega a tiempo a su cita en Lima porque la ambulancia no pasa.
El bono, la gratificación o el aumento que sí entraron en el crédito suplementario no reparan un día de trabajo perdido. Tampoco devuelven a quien murió esperando una carretera que el presupuesto trató como sobra. El derecho a la seguridad y al libre tránsito no se garantiza con decretos: se construye, o se niega, con cada partida que el Congreso financia y con cada obra que elige postergar.