Las torturas en la FAP y la deuda del Estado peruano con sus propios soldados

En febrero de 2026, 129 jóvenes ingresaron como aspirantes a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, en la base de Las Palmas, Surco. Antes de cumplir el primer mes, 32 habían pedido su baja: una deserción del 24%, casi el doble del 14% de 2024 (Latina Noticias, 21 junio 2026). La cifra no era un accidente. Era un síntoma.

Un exaspirante, identificado como Carlos, contó que monitores de segundo año (no de cuarto, como manda el protocolo) obligaban a los ingresantes a aplicarse Icy Hot, una crema muscular, en zonas cada vez más sensibles. A Carlos lo forzaron a ponérsela en los testículos. Según información médica citada en el reportaje, la piel genital masculina absorbe hasta 40 veces más la sustancia, intensificando el dolor y la inflamación (Diario Correo, 21 junio 2026). Su madre lo recuerda así: «Me dijo: mamá, me quemaron los testículos con Icy Hot. Y se cortó la llamada».

El expediente fiscal añade simulacros de ahogamiento, inmovilización con cinta adhesiva, golpes con palo de escoba, insultos racistas y grabaciones de los aspirantes desnudos sin consentimiento (Latina Noticias, 21 junio 2026; Diario Correo, 21 junio 2026). Carlos intentó reportar a sus superiores. No obtuvo respuesta. La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos investiga los hechos como presunto delito de tortura (Diario Correo).

La FAP calificó los hechos como «aislados». Separó a dos cadetes el 15 de junio, días antes del reportaje televisivo (Diario Correo). El mayor general Nelson Suárez, director de la Escuela, declaró que «bajo ningún aspecto esa disciplina puede confundirse con faltas graves» (La Razón). La pregunta es si esa declaración reconoce el problema o lo entierra bajo la alfombra del protocolo.

No son hechos aislados

El archivo de abusos en las instituciones de formación militar es denso y constante. En la Escuela Militar de Chorrillos, una cadete denunció en 2023 tocamientos indebidos y fue hostigada por atreverse a denunciar; la institución aplicó «espíritu de cuerpo» para encubrir (La República, 12 enero 2023). Ese mismo año, en el Colegio Militar Leoncio Prado, al menos nueve alumnos fueron obligados a formar desnudos y descalzos de noche; la Fiscalía investigó por tortura (DW, 12 agosto 2023).

En 2020, el soldado Wilber Carcausto desapareció del Cuartel Tarapacá en Tacna. El Ejército dijo que «había abandonado las instalaciones». Fue encontrado casi un mes después deambulando por las calles con un cartel con su nombre (IDEHPUCP). Ese mismo año, Valdemir Quispialaya Vilcapoma perdió la visión del ojo derecho por agresiones de un suboficial en el cuartel de Jauja. La Corte IDH condenó al Estado peruano en 2015; la sentencia se ha cumplido solo parcialmente (IDEHPUCP).

En 2025, el cabo José Daniel Escobar Ayqui, de 19 años, denunció agresiones en el cuartel Salaverry de Arequipa que destaparon una red de abusos y extorsión dentro del Ejército (FPP, 1 mayo 2025).

La Corte IDH documentó como prácticas recurrentes en los cuarteles: golpes con puños y culatas en estómago, riñones, vejiga, pulmones y testículos, además de violaciones y maltratos sexuales como castigo o imposición disciplinaria (IDEHPUCP). La Defensoría del Pueblo, entre 1998 y 2006, registró 246 denuncias de soldados, 56 muertes dentro de unidades militares y 190 presuntas torturas y tratos crueles (IDEHPUCP). Las Palmas no inaugura un patrón: lo continúa.

Omisión, tardanza y amnistía

Human Rights Watch documentó que el gobierno de Dina Boluarte «no ha adoptado reformas de las fuerzas de seguridad para evitar que estos abusos se repitan» (HRW, 2024). La omisión es activa: no es que el Estado no sepa, es que no actúa.

Cuando actúa, llega con décadas de retraso. El caso Manta y Vilca, violación sistemática de nueve mujeres campesinas, varias menores de edad, por soldados en 1984, tardó 40 años en alcanzar sentencia condenatoria. La Comisión de la Verdad documentó 24 mujeres violadas en esa zona y 32 niños nacidos como resultado (BBC, 20 junio 2024).

Y luego está la amnistía. En julio de 2025, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 16 votos a favor y 11 en contra, una ley que otorga impunidad a miembros de las fuerzas armadas, la policía y los comités de autodefensa por delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Boluarte la promulgó el 13 de agosto de 2025. La ley dejó 156 casos con sentencias firmes y más de 600 juicios pendientes sin castigo (France 24, 11 julio 2025). El proyecto fue impulsado por Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular (HYT, 9 julio 2025).

Boluarte justificó la ley así: «Les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada». Gisela Ortiz, de los familiares de La Cantuta, respondió: «La ley premia a los violadores de derechos humanos» (BBC, 14 agosto 2025). Dos frases, una verdad: el Estado decidió que ciertos crímenes no se castigan si quien los comete viste uniforme.

Un Congreso que eligió no mirar

La Comisión de Defensa del Congreso 2025-2026, presidida por Karol Paredes (Avanza País), anunció como prioridad «impulsar iniciativas legislativas y coordinaciones interinstitucionales que fortalezcan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional» (La Razón, 21 agosto 2025). Ni una palabra sobre fiscalización de abusos en cuarteles, ni una mención a las 190 torturas documentadas por la Defensoría.

Ese mismo Congreso aprobó la Ley de Amnistía y, a semanas del cierre, la Ley 32657, que redujo del 50% al 30% el mínimo de regiones donde un partido debe postular candidatos para no perder su inscripción, un cambio promulgado el 15 de junio de 2026 que benefició directamente a Fuerza Popular, partido que solo postulaba en 10 de las 25 regiones (El Búho, 17 junio 2026). Pero en todo su mandato, el tema de los abusos en las escuelas de formación militar no mereció una sola comisión investigadora.

El 28 de julio de 2026 arranca el Congreso bicameral. En teoría, los 130 diputados fiscalizarán y los 60 senadores reflexionarán. Pero la deuda en fiscalización de abusos castrenses llega intacta. El nuevo Senado hereda un archivo de omisiones que ningún reglamento resuelve solo.

La deuda interna

El Estado peruano ha construido, con ayuda internacional y presión de la Corte IDH, una arquitectura para juzgar violaciones de derechos humanos contra civiles. Esa arquitectura existe.

Pero hay otra deuda: la que el Estado tiene con sus propios soldados. Con los 129 jóvenes que entraron a Las Palmas soñando con ser pilotos y encontraron monitores que los torturaban. Con Wilber Carcausto, que deambuló un mes sin saber a dónde ir. Con Valdemir Quispialaya, que perdió un ojo y recibió una pensión como única respuesta. Con los 56 soldados muertos en unidades militares entre 1998 y 2006 cuyas familias aún esperan explicación.

La paradoja es profunda: el mismo Estado que firma tratados internacionales de derechos humanos y juzga a civiles es el que no protege a los jóvenes que visten su uniforme. La cultura de impunidad en los cuarteles no es un residuo del conflicto armado: es una práctica activa, renovada con cada generación de aspirantes, tolerada por cada cadena de mando que prefiere el «espíritu de cuerpo» a la rendición de cuentas.

Mientras el Congreso debate el reglamento del Senado o las cédulas de las elecciones regionales de octubre, en algún cuartel del país habrá un aspirante aprendiendo, como Carlos, que denunciar no sirve de nada. Y el Estado, una vez más, mirará hacia otro lado.