Delia Espinoza contra el Congreso: el Poder Judicial como último dique

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se anotó dos victorias judiciales en los últimos días frente al Congreso que la inhabilitó por diez años. La Tercera Sala Constitucional de Lima envió su demanda de amparo a la Corte Suprema para la decisión final y el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró improcedente la denuncia constitucional del Congreso en su contra. Pero este caso no se reduce a la situación de una funcionaria. Lo que está en juego es si el Poder Judicial puede ser un dique frente a un Congreso que ha convertido la inhabilitación de fiscales en un recurso político.

El 5 de diciembre de 2025, el Congreso inhabilitó a Espinoza por diez años para ejercer función pública, la sanción más severa que puede imponer sin intervención judicial. La acusación invocaba cuatro delitos: abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. Todos relacionados con un reglamento de actuación fiscal de octubre de 2024.

El problema es que el reglamento en cuestión fue firmado por quien entonces era fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, no por Espinoza. El juez Checkley lo dejó claro en su resolución: la imputación «no describe de qué manera Espinoza Valenzuela habría intervenido en la emisión del acto normativo ni cuál habría sido la competencia funcional que le permitió adoptar, aprobar o imponer su contenido». Dicho de otro modo: el Congreso sancionó a Espinoza por un acto administrativo que ni siquiera firmó ella.

Este no es un caso aislado. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avanzan procesos similares contra los exfiscales de la Nación Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y el propio Juan Carlos Villena, también con inhabilitaciones por diez años como horizonte. Cuatro fiscales supremos, todos removidos o amenazados de remoción tras decisiones que incomodaron al poder político.

El patrón no es nuevo pero se ha acelerado. El Congreso que inhabilitó a Espinoza es el mismo que en junio de 2026 aprobó un informe para denunciar a jueces, fiscales y exprocuradores del caso Odebrecht. La maquinaria de inhabilitaciones y denuncias constitucionales funciona con una lógica inversa a la de la justicia: no sanciona delitos probados sino decisiones que estorban.

Por eso lo que ocurra en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema importa más allá de Espinoza. Si la Corte confirma el amparo, será la primera vez que el Poder Judicial declare que el Congreso no puede remover fiscales sin razones jurídicas que lo sostengan. Si lo rechaza, se consolidará un sistema en el que el Congreso puede apartar a cualquier fiscal que le resulte incómodo con solo reunir votos.

El Poder Judicial no llega impoluto a esta cita. La confianza ciudadana en la justicia lleva años en el suelo y las sospechas de puerta giratoria, esa por la que los poderosos entran y salen sin consecuencias, son fundadas. Pero en este caso concreto, dos instancias judiciales ya han dicho que la inhabilitación de Espinoza no resiste el menor escrutinio jurídico. La Corte Suprema tiene ahora la palabra. De lo que diga depende algo más que el futuro de una fiscal: depende si en el Perú de 2026 todavía existe un contrapeso real.