La denuncia que no busca ganar, sino dejar constancia de que no se confía
Juntos por el Perú denunció al canciller Carlos Pareja por presunto fraude electoral con pruebas endebles y un Congreso que la archivará. Pero ignorar la denuncia como un simple manotazo de ahogado es no ver lo que revela: una democracia donde casi 8 de cada 10 peruanos desaprobaban a la ONPE antes de la segunda vuelta y donde la legitimidad del próximo presidente nace partida en dos.
Por Qhawaq
El sábado 21 de junio de 2026, Pablo Salas, personero legal de Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja Ríos por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación de actos electorales y omisión de funciones (Caretas, 21 jun 2026; La República, 21 jun 2026). El trámite es una formalidad democrática: cualquier ciudadano puede denunciar a un alto funcionario ante el Congreso. El problema no está en el derecho a denunciar, sino en lo que la denuncia revela sobre la democracia peruana.
La acusación gira en torno a un cambio de procedimiento. En la primera vuelta, 108 consulados escanearon las actas del voto extranjero y las enviaron por vía electrónica. En la segunda vuelta, ninguno lo hizo: las actas viajaron físicamente y se contabilizaron al llegar a Lima. Para Juntos por el Perú, esa diferencia prueba una maniobra deliberada. Para Cancillería, fue una corrección técnica ante los problemas que los propios consulados reportaron. Las actas llegaron intactas y la cadena de custodia nunca se rompió. Hasta ahora, no hay prueba de actas adulteradas ni votos alterados (El País, 22 jun 2026; La República, 21 jun 2026).
Jurídicamente, la denuncia es débil. Cualquiera que haya seguido el caso conoce su destino: el archivo. El nuevo Congreso bicameral tiene a Fuerza Popular como primera minoría, con 22 senadores de 60 (36.7%) y 41 diputados de 130 (31.5%) (Nexos ULima, 8 jun 2026). Sumados a Renovación Popular, controlan 30 de los 60 escaños del Senado. Con esa mayoría, el Congreso tiene pocos incentivos para admitir una denuncia contra un canciller en funciones. La denuncia no prosperará.
Verla como el último cartucho de una campaña que no alcanzó los votos sería quedarse en la superficie. Roberto Sánchez quedó segundo con 12.03% en primera vuelta y en la segunda vuelta la diferencia con Keiko Fujimori no llega a 0.2 puntos porcentuales (BBC, 9 jun 2026). Lo que esta denuncia expone es algo más hondo: la desconfianza estructural en el sistema electoral peruano.
Antes de la segunda vuelta, en abril de 2026, Ipsos registró que el 79% de los peruanos desaprobaba la gestión de Piero Corvetto al frente de la ONPE. En Lima, la cifra llegaba al 88% (Ipsos / Perú 21, abril 2026). Un año antes, en junio de 2025, Datum midió que el 73% de los ciudadanos desconfiaba de los organismos electorales, diez puntos más que doce meses atrás (El Comercio, 23 jun 2025). La denuncia de JPP no cae en un vacío institucional: cae en un terreno abonado por años de desconfianza acumulada.
Esa desconfianza tiene raíces que van más allá de los organismos electorales. En primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo 17.19% y Roberto Sánchez 12.03% de los votos válidos (El Periódico, 3 jun 2026). La segunda vuelta no enfrentó a dos proyectos con respaldo mayoritario, sino a los dos candidatos que sobrevivieron a la fragmentación. Cuando la diferencia entre uno y otro es de apenas 0.2 puntos porcentuales (BBC, 9 jun 2026), el resultado no se vive como una decisión colectiva: se vive como un accidente estadístico. Y los accidentes estadísticos no generan legitimidad.
El ciclo se repite con una simetría inquietante. En 2021, el fujimorismo denunció fraude sin pruebas concluyentes contra Pedro Castillo (El País, 8 jun 2021). Cinco años después, la izquierda adopta el mismo guion contra Keiko Fujimori. Cambian los protagonistas, cambian los acusados, pero el ritual permanece intacto: cada elección reñida se cierra con media ciudadanía convencida de que la otra mitad hizo trampa. No es una anomalía de este proceso electoral; es un rasgo estable del sistema político peruano.
El dato más revelador quizá no sean los 0.2 puntos porcentuales de diferencia (BBC, 9 jun 2026) ni los recursos de nulidad que el JNE ya declaró improcedentes (La República, 19 jun 2026). El dato más revelador es que el 21 de junio de 2026, casi tres semanas después de la segunda vuelta, el país todavía no tiene presidente proclamado. Y cuando lo tenga, porque lo tendrá, asumirá el cargo con una legitimidad que no nace del resultado, sino de la desconfianza que lo rodea.
La denuncia contra el canciller Pareja tiene poco futuro jurídico. Pero como síntoma de una democracia que ya no confía en sí misma, es impecable.