El Tribunal Constitucional como árbitro de la transición: tres fallos que reconfiguran el poder

En menos de 48 horas, el Tribunal Constitucional emitió dos fallos que sacuden el tablero político peruano justo cuando el país se prepara para la instalación del nuevo Congreso bicameral, prevista para el próximo lunes 27 de julio Caretas. El martes 21 anuló la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo desde octubre de 2023 Andina. El miércoles 22, hoy, apartó al juez Richard Concepción Carhuancho del proceso contra Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, por el caso Los Waykis en la Sombra El Comercio. El mismo juez, suspendido por la Junta Nacional de Justicia desde el 10 de junio, denunció un posible conflicto de intereses de uno de los magistrados del TC RPP. No son eventos aislados: son piezas de un mismo tablero donde el TC se ha convertido en el gran árbitro de quién puede ser investigado, quién puede juzgar y quién puede recuperar su libertad.

El árbitro que ya había pitado antes: un historial de intervenciones decisivas

El TC no improvisa. En octubre de 2025 declaró fundado el habeas corpus de Keiko Fujimori y dejó sin efecto el proceso que se le seguía, junto a Fuerza Popular, por presunto lavado de activos en el caso Cócteles El Peruano. Antes, ese mismo año, ordenó la reposición de Tomás Aladino Gálvez como Fiscal de la Nación, pese a que la Junta Nacional de Justicia lo había destituido por falta muy grave en el caso Cuellos Blancos del Puerto Enfoque Derecho. También falló a favor del abogado Mateo Castañeda, coinvestigado en Los Waykis, por una supuesta demora de 20 días en elevar su apelación, un fallo que, según Concepción Carhuancho, "contradecía sus propios lineamientos jurisprudenciales" RPP. En cada caso, el patrón se repite: el TC interviene en procesos penales de alta sensibilidad política y los resuelve con votaciones divididas que favorecen a actores con peso parlamentario.

Siete votos, dos partidos: la arquitectura política del tribunal

Seis de los siete magistrados del TC fueron elegidos el 10 de mayo de 2022 por el Congreso, cada uno con más de 90 votos, en un Parlamento donde Fuerza Popular y Perú Libre tejieron una mayoría funcional que la prensa denominó "fujicerronismo" Congreso de la República Ojo. El séptimo, Pedro Hernández Chávez, ponente del fallo que liberó a Cerrón, llegó al tribunal en diciembre de 2023, también por decisión del Congreso La República. Hoy, cuatro de ellos, Hernández Chávez, Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse, votaron por anular la prisión preventiva de Cerrón El Comercio. Tres, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich, se opusieron. La misma geometría de votos se ha replicado en otros casos: el TC no delibera en el vacío; sus fallos reflejan las fuerzas que lo instalaron. Y cuando Concepción Carhuancho señala que el magistrado Morales Saravia "habría sido cliente de Mateo Castañeda" y luego falló a su favor sin apartarse del caso, lo que está en juego no es solo un error procesal: es la legitimidad misma del tribunal RPP.

Lo que está en juego no es jurídico: es el poder de decidir quién participa

El TC está decidiendo, caso por caso, quién enfrenta a la justicia y quién la esquiva, quién puede juzgar y quién debe ser apartado. Cerrón, condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por colusión en el caso Aeródromo Wanka y con una orden de 24 meses de prisión preventiva por Los Dinámicos del Centro, dejó de ser formalmente un prófugo tras el fallo Andina. Nicanor Boluarte logró excluir al juez que había dictado 36 meses de prisión preventiva en su contra en noviembre de 2024 El Comercio. Y Keiko Fujimori, presidenta electa que asume el mando el 28 de julio Infobae, ya había quedado liberada de esa investigación por lavado de activos. La coincidencia temporal no es anecdótica: estos fallos llegan cuando faltan días para que se instale el nuevo Congreso bicameral, el lunes 27 de julio, y para el cambio de mando presidencial del 28. El TC está configurando el campo de juego sobre el que se asentará el nuevo gobierno.

¿Qué significa esto para el ciudadano?

Cada vez que un tribunal constitucional decide quién puede ser investigado y quién no, no está resolviendo un tecnicismo jurídico: está definiendo si la ley es igual para todos. Para el ciudadano de a pie, el que no tiene un partido con noventa votos en el Congreso que haya elegido a los magistrados, estos fallos envían un mensaje nítido: la justicia penal tiene un filtro político que no todos pueden accionar. Si la impunidad se negocia en sede constitucional mientras la calle lidia con extorsiones, informalidad y desprotección, el nuevo gobierno hereda no solo un déficit fiscal o una crisis de seguridad, sino una fractura más profunda: la certeza de que las instituciones que debían proteger la igualdad ante la ley están, ellas mismas, capturadas por el poder que debían controlar.