Áreas protegidas y PIACI en la lista de facultades: la delegación que casi nadie debate

El pedido de facultades legislativas llegó al Congreso el 28 de agosto con carácter de "muy urgente" y un plazo de 120 días para legislar Inforegión. En la presentación pública pesa la seguridad: declarar a grupos criminales como organizaciones terroristas, usar a las Fuerzas Armadas en los penales y agilizar el rastreo de celulares, dentro de un paquete de 66 pedidos agrupados en ocho materias PCM. Esa es la cara visible del debate. La otra, la ambiental, avanza casi en silencio.

La letra fina: reducir o modificar un área protegida por un proyecto

El pedido breve tiene 20 páginas y pide promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos Inforegión. Es en la Exposición de Motivos, de más de 400 páginas, donde aparece lo que el resumen no dice: en la página 292 se afirma que "se requiere la modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas" para permitir la "reducción física o modificación legal de un Área Natural Protegida" cuando un proyecto sea declarado de necesidad pública e interés nacional, y se menciona expresamente a los hidrocarburos Inforegión. No se recorta un parque de un plumazo: se crea la vía legal para que un proyecto petrolero o gasífero lo motive. La exposición destaca la Cuenca Madre de Dios, donde identifica alrededor de 32 estructuras con potencial gasífero Inforegión. El documento no menciona expresamente a Candamo, pero Inforegión recuerda que se trata de un yacimiento de gas ubicado dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, y que la viceministra de Hidrocarburos confirmó hace unos días que el paquete incluía mecanismos para hacerlo posible Inforegión.

PIACI: la reserva intangible frente al contrato que llegó antes

El mismo documento propone modificar la Ley N.° 28736, que protege a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) Inforegión. El punto de partida es la intangibilidad de las reservas, pero el Ejecutivo plantea un caso concreto: qué ocurre si el Estado entregó primero un contrato de hidrocarburos y después creó la reserva. La exposición propone precisar los efectos de esa categorización sobre los derechos previos "a fin de garantizar su continuidad y ejercicio efectivo", y modificar la norma para "compatibilizar la protección PIACI con la seguridad jurídica de los derechos preexistentes" Inforegión. Dicho de otro modo: se quiere resolver la tensión entre la protección de pueblos aislados y el derecho de quien perfora, sin que el pedido defina aún qué pasará en cada caso.

El riesgo no está en la intención, está en el procedimiento

El Ejecutivo asegura que no reducirá los estándares ambientales ni las reglas de participación ciudadana o consulta previa, y propone un nuevo instrumento, el IGASPE, para exploración sísmica y perforación exploratoria Inforegión. El Colegio de Ingenieros del Perú en Lima acepta la necesidad de acortar plazos y quitar cuellos de botella, pero advierte que eso no debe reducir los niveles de protección ni las garantías del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y plantea una Mesa Técnica para analizar las medidas con evidencia Diario UNO. La pregunta de fondo es quién decide y con qué tiempo: modificar la protección de un territorio o de un pueblo aislado en 120 días y sin el debate público que esas decisiones exigen cambia la naturaleza de la garantía. Un área protegida deja de ser una decisión de Estado debatida para convertirse en un trámite de urgencia.

Para el ciudadano, esto no es una discusión de siglas. Lo que se decide en silencio define qué bosque y qué agua quedan protegidos, si un parque puede retroceder para que pase un ducto, y si la frontera de un pueblo en aislamiento se mantiene firme o se ajusta a favor de un contrato. La seguridad que se promete en las calles no debería costar la seguridad de los territorios donde, literalmente, no hay nadie que pueda salir a marchar.