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6 sep 20263 min de lectura#opinion#facultades-legislativas#seguridad-ciudadana#congreso

Sesenta y seis facultades a un mes de asumir: la urgencia que desbordó la seguridad

El Ejecutivo pidió 66 facultades en ocho materias por 120 días y el Congreso promete aprobarlas en tiempo récord. La emergencia criminal viaja en el mismo paquete que reformas tributarias y del Estado que merecen otro ritmo de debate.

Por Qhawaq

Portada: Sesenta y seis facultades a un mes de asumir: la urgencia que desbordó la seguridad

La prisa: aprobar en días lo que antes tomaba semanas

El Congreso se dispone a aprobar 66 facultades legislativas en tiempo récord, en un trámite que en congresos anteriores tomó un promedio de 20 días. El 4 de setiembre, el presidente del Senado, Miguel Torres, dijo que espera que el Parlamento apruebe "en el más corto plazo" el pedido de delegación de facultades del Ejecutivo, que ya está en la Comisión de Constitución y debe pasar por la opinión de más de ocho comisiones, según Andina. El pedido llegó al Parlamento el 28 de agosto: 66 pedidos en ocho materias por un plazo de 120 días calendario. Lo firma un gobierno que asumió el 28 de julio: llevaba un mes en el cargo cuando decidió pedir la delegación.

El paquete: la seguridad es la puerta, no todo el contenido

De las ocho materias, solo una porción responde a la emergencia criminal; el resto toca la economía doméstica y la estructura del Estado. En seguridad, el pedido plantea declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales y como apoyo a la Policía, un registro de libertad vigilada pospenitenciaria y el bloqueo de celulares usados de forma ilícita desde los penales. Pero el mismo paquete incluye materia tributaria, fortalecimiento de las mype, promoción del empleo, simplificación administrativa y reforma estructural del Estado. Senadores de Ahora Nación observan que el pedido es poco preciso en criminalidad y en el fenómeno El Niño, pero "muy preciso" en eliminar topes a la tasa de interés de las entidades financieras y en regularizar las indemnizaciones de los gerentes sujetos al régimen laboral privado.

El control: quién revisa 66 normas cuando el reloj corre

La amplitud del pedido y la prisa del trámite reducen el espacio para el control político que una delegación de este tamaño exige. La senadora Mirtha Vásquez cuestionó el plazo de 15 días previsto para evaluar el pedido en la Cámara de Diputados, demasiado corto para analizar seguridad, tributación, materia laboral y administrativa; Ruth Luque advirtió que la urgencia no debe volverse una excusa para meter reformas sin garantizar el debido control político, según Servindi. La presión por velocidad tiene un origen concreto: el último fin de semana, en Trujillo, un empresario minero fue secuestrado y cuatro personas fueron asesinadas, en un hecho que la Policía vincula a la organización "Los Pulpos". Tras ese episodio, el premier Luis Galarreta convocó a los portavoces de las bancadas a una ronda de diálogo para lograr la pronta aprobación.

El ciudadano: la letra chica se paga en el bolsillo y en los derechos

Quien no siga el debate parlamentario igual sentirá sus efectos: en la tasa de un crédito, en una calle más vigilada o en un derecho que se definió sin escrutinio público. Si se eliminan topes a la tasa de interés, el costo del crédito de consumo y de las mype puede moverse; si las Fuerzas Armadas asumen tareas de seguridad interna, cambia el modo en que el ciudadano convive con la autoridad. Y si 66 normas se aprueban sin pasar por el pleno, se pierde el espacio donde cada materia se discute en público. La pregunta no es si el Ejecutivo debe legislar contra el crimen: es si la emergencia debe ser la puerta de entrada de un paquete tan amplio, aprobado tan rápido.

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