La solidaridad que no llega: por qué el gesto de S/278 mil para Venezuela revela la ausencia de una política de cooperación regional

El sábado 27 de junio, mientras Venezuela contaba 1,430 fallecidos y 3,238 heridos tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, el Gobierno peruano publicó la Resolución Suprema N.º 189-2026-PCM. Por ella, el Indeci quedó autorizado a donar 14 toneladas de ayuda humanitaria, alimentos, carpas, camas plegables, mosquiteros, valorizadas en S/278,406. Un avión Hércules de la FAP partió hacia Caracas con la carga y 10 tripulantes. En paralelo, 40 especialistas del Grupo USAR de Bomberos se desplegaron para tareas de búsqueda y rescate. (La República, RPP, Caretas)

El gesto es genuino. El premier Luis Arroyo recordó que Venezuela ayudó al Perú tras el terremoto de Pisco en 2007, y la reciprocidad entre países vecinos ante desastres naturales es un principio que ningún Estado serio discute. (Caretas)

El problema no está en la intención. Está en los números que rodean al gesto, y en lo que esos números revelan sobre el diseño del Estado peruano.

Lo que S/278 mil significa para el Estado peruano

Para poner la cifra en perspectiva, como ejercicio ilustrativo: el presupuesto del Congreso para 2026 es de S/1,768 millones, que repartidos de forma lineal equivalen a unos S/3,364 por minuto de funcionamiento del Parlamento. Los S/278,406 que el Perú dona a Venezuela son apenas 83 minutos de ese gasto. (El Búho)

Frente al presupuesto público total para 2026, de S/257,562 millones, la donación equivale a unos 34 segundos de gasto estatal: el 0.0001% del presupuesto anual (MEF).

No se trata de pedir que el Perú done más. Se trata de advertir que estas comparaciones no son una curiosidad aritmética: son el síntoma de un Estado que no tiene cómo canalizar su solidaridad regional en montos que guarden proporción con su tamaño. El gesto de ayuda humanitaria cuesta menos que operar el Congreso durante una hora y media.

La precariedad tiene nombre: APCI

La raíz del desajuste está en el presupuesto del sector Relaciones Exteriores. Para 2026 asciende a S/1,212 millones. El 98.4% va al Ministerio de RREE y apenas el 1.6%, S/19.4 millones, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). (gob.pe)

Esos S/19.4 millones equivalen a S/53,150 diarios para articular toda la cooperación internacional del Perú. Con ese margen, la APCI no podría sostener un fondo de ayuda humanitaria aunque tuviera el mandato de hacerlo. Y no lo tiene.

La donación a Venezuela se canalizó por el Indeci, un organismo del Ministerio de Defensa, mediante una resolución suprema que requirió las firmas del presidente y de tres ministros. Ni la Cancillería ni la APCI tienen una partida específica para ayuda humanitaria al exterior. Lo que existió fue un mecanismo ad hoc.

Los tres vacíos de diseño

El episodio revela tres vacíos institucionales que van más allá de Venezuela.

Primero, no existe un fondo permanente de ayuda humanitaria internacional. Cada donación peruana al exterior, a Venezuela hoy, a Haití en 2010, a Ecuador en 2016, ha sido un acto singular que depende de la voluntad política del momento y consume recursos administrativos desproporcionados para su cuantía.

Segundo, la APCI está diseñada primordialmente para recibir cooperación, no para darla. La Ley 28925 define a la APCI como el ente rector de la cooperación técnica internacional "que proviene de fuentes del exterior". Su mandato legal la orienta a captar recursos externos para el desarrollo nacional, no a proyectar una oferta peruana de cooperación hacia otros países. (Art. 3 de la Ley 28925)

Tercero, hay una desconexión entre el discurso diplomático y la asignación presupuestal. En octubre de 2025, el canciller Hugo de Zela defendió ante el Congreso un presupuesto orientado a "una mayor presencia internacional del Perú". Esa presencia se tradujo en nuevas embajadas en Dinamarca, Jamaica, Guyana y Emiratos Árabes Unidos, y consulados en Orlando y Antofagasta. Pero no en un solo sol para ayuda humanitaria. (gob.pe)

No es mezquindad, es diseño

No hay nada reprochable en la donación a Venezuela. Es un gesto de solidaridad real, ejecutado con diligencia por el Indeci, la FAP y los bomberos peruanos. Cuestionarlo sería mezquino.

Pero una cosa es el gesto y otra la política que debería sostenerlo. El Perú no tiene un problema de mezquindad: tiene un problema de diseño institucional. Su arquitectura de cooperación internacional está pensada para un país receptor, no para uno que aspira a ejercer liderazgo regional.

Para el ciudadano peruano, esta ausencia tiene una consecuencia concreta. Así como el Estado no tiene un mecanismo permanente para ayudar a sus vecinos, tampoco tiene un canal institucional ágil para recibir ayuda cuando la emergencia golpea en casa. La solidaridad internacional, en ambas direcciones, depende de la misma arquitectura que hoy no existe. Mientras no se construya, cada gesto seguirá siendo exactamente eso: un gesto.